La consulta del magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Vigo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la posible discriminación indirecta por razones de sexo en la ley española al no contemplar que el colectivo de empleadas de hogar –el 95% del sector son mujeres– pueda percibir prestaciones de desempleo sigue a la espera de fallo. Su estimación no implicaría directamente la aplicación de esta doctrina, sino que irremediablemente obligaría a un cambio normativo para adaptarse al ordenamiento jurídico comunitario.
Así lo explicaba el magistrado en referencia a que su aplicación “no será inmediata, ya que requiere una modificación del derecho nacional”, argumentó. El juez destacó la novedad en la petición ya que si hubiera otra con anterioridad, el auto ya no hubiese sido admitido por el TJUE.
