Al escaso stock de vivienda nueva el mercado inmobiliario de Vigo suma desde hace años un problema creciente y relacionado, en gran medida, con esa falta de apartamentos a estrenar: el encarecimiento de los alquileres. Los últimos datos publicados por el Observatorio Galego muestran que al cierre de agosto el precio medio de los arrendamientos en la ciudad se situaba en 519,8 euros mensuales, lo que representa un alza anual de casi el 5%. No se trata de un repunte ni una subida puntual. Las tablas del organismo muestran que la tendencia se mantiene sostenida desde al menos 2014, cuando los inquilinos vigueses hacían frente a mensualidades de poco más de 417 euros.
Para atajar esa escalada de precios, que no es ni mucho menos exclusiva de Vigo y se replica en el resto de ciudades de Galicia y el resto del país, el Ejecutivo central tiene sobre la mesa una nueva Ley de Vivienda. El texto es fruto de una larga e intensa negociación entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), para aproximar posturas y llegar a un punto de encuentro. A la espera de que se concreten los pormenores de la norma y se baje al detalle, a la letra pequeña, las primeras claves que han trascendido apuntan a un esfuerzo por contener los alquileres. ¿Cómo? Con ayudas para los jóvenes, retirada de privilegios fiscales y control de precios para los grandes propietarios –con más de diez inmuebles y personalidad jurídica– y penalizaciones para los propietarios con viviendas vacías. Es ese último punto el que puede tener un alcance mayor y más extendido en Vigo.
Según estimaciones de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), por la ciudad se reparten entre 15.000 y 20.000 viviendas desocupadas. El colectivo reconoce que, al igual que en la mayoría de municipios, resulta muy difícil calcular el dato exacto, por lo que aplica a su horquilla “factores correctores”. En 2011 el Instituto Galego de Estatística (IGE) cifraba el parque local en 18.588 viviendas, el 13% de todas las propiedades de la ciudad. En 2019 la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) aportaba un balance similar.
A la espera de que se conozca en detalle la propuesta del Ejecutivo, su solución pasaría por aplicar un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas. La “penalización” se aplicaría tanto a particulares como empresas, aunque con letra pequeña. Por ejemplo, solo se verían afectados los propietarios con al menos cuatro inmuebles y quedarían exentas aquellas viviendas que estén vacías por una causa justificada: pisos en venta o alquiler que no logran arrendarse, residencias laborales o domicilios que estén vacíos por que su inquilino está desplazado por motivos laborales. Una de las claves de la nueva ley deberá ser, precisamente, la definición de qué es una vivienda vacía.
La aplicación o no del sobrecargo, que sería progresivo y con tope en el 150%, dependerá en gran medida de los ayuntamientos. El de Madrid ya ha dejado claro que no se plantea aplicarlo. En el caso de Vigo se desconoce de momento cuál es la posición municipal. El miércoles el alcalde, Abel Caballero, eludió aclarar cuál sería la respuesta del Consistorio olívico mientras no pueda conocer la norma “en detalle” y analizar su “letra pequeña”.
Sí avanzó su postura favorable a la ley. “Va en la buena dirección. No podemos tener alquileres a precios astronómicos porque una parte muy importante de la sociedad no puede pagarlos”, apuntó el primer edil: “Si hay un proceso especulativo de grandes empresas, hay que actuar”. El regidor mostró igualmente su “agrado” al anuncio del bono que busca ayudar a los más jóvenes a acceder a la vivienda.
Desde Marea de Vigo, Rubén Pérez, pedía hace dos días al alcalde “que no siga la senda de Almeida” y se ponga al frente de la defensa de la “vivienda digna” con precios asequibles. Su cálculo fija en 10.000 las viviendas vacías en Vigo.
