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Ignacio López-Chaves | Presidente de la Comisión Galega da Competencia (CGC)

“Hay una sobrecompensación a Audasa, una probable ayuda de Estado sin notificar”

El presidente de la CGC, Ignacio López-Chaves. XOAN ÁLVAREZ

La Comisión Galega da Competencia (CGC) acaba de asestar un gancho a uno de los puntos más sensibles –y peliagudos– de la relación del Estado y Audasa: la subida anual de peajes de un 1% acumulativa durante dos décadas con la que se compensa a la concesionaria por las obras de ampliación de Rande y el acceso a Compostela, un sistema tan polémico, que aún ahora, casi un lustro después del estreno de las infraestructuras, se ha abordado en el nuevo acuerdo de bonificaciones de la AP-9. En un informe demoledor, en el que se maneja el tono institucional con una dureza que no vacila al usar expresiones como “excesivo” o “injustificado” o denunciar la opacidad de las partes, el CGC cuestiona el modelo y revela que supondrá un negocio redondo para Audasa: 1.436 millones a cambio de unas obras de 228. Su presidente, Ignacio López-Chaves, desgrana las claves.

–¿Y ahora qué? ¿Cuál será el recorrido del informe?

–La conclusión a la que se llega es que el Gobierno de España debería notificar a la Unión Europea la existencia de una posible ayuda de Estado para que la UE determine si lo es o no y si es compatible o no. Debería haberlo hecho el Estado. ¿Quién puede hacerlo? Cualquiera.

–El CGC ya ha examinado el caso, ¿cuál es su conclusión?

–Nuestra conclusión es que en el caso del Real Decreto de 2011, por el que se compensaba a Audasa por la adjudicación de las obras, hay una probable ayuda de Estado, una además no notificada a Bruselas en su momento. No sabemos si es compatible o no. Si no lo es, habría que devolverla. Es cierto que es un ayuda que se ejecutará durante años. Estimamos que en el decreto hay una sobrecompensación de lo que ejecutó Audasa como consecuencia de las obras.

–Hablamos de una subida extraordinaria del 1% anual programada para dos décadas. ¿De considerarse incompatible, Audasa perdería el derecho a esas subidas en lo que resta de plazo previsto?

–Lo que hay es una obra ejecutada por Audasa y una compensación que evidentemente tiene que haber del Estado por la obra. El problema es la sobrecompensación. ¿Hasta cuándo se tiene que compensar? Pues lo que sería lo normal en el mercado. Habrá que calcular con cuánto deberá de compensarse a Audasa. Lo que hay que evitar es la sobrecompensación que se deriva de un incremento de tarifas que no solo va a pagar los usuarios, sino también el Estado como consecuencia del decreto de 2021.

–En el informe señalan que esa subida extraordinaria aportará al cabo de 20 años más de 1.400 millones a Audasa. Las obras costaron 228. ¿Ven falta de diligencia?

–Cuando el Estado actúa en el mercado debe hacerlo con prudencia. Hemos visto que en el decreto de 2011 no se tuvo en cuenta como criterio de corrección de la compensación a Audasa la inducción del tráfico que se derivaría de las mejoras de las obras, que harían más ágil el tráfico. En cambio, en 2021, cuando lo va a abonar el Estado, sí lo tiene en cuenta. Parece que cuando el pago se hace con cargo a partidas del Estado este es más diligente en vigilar que no se sobrecompense que cuando se paga con cargo al usuario. En el tema de la sobrecompensación pensamos que ha habido un exceso y no hubo la diligencia precisa para vigilar que se correspondiese con las obras.

–El informe es crítico con las sucesivas prórrogas de la concesión . ¿Han perjudicado a Galicia?

–No ha sido objeto del informe el examen de las prórrogas. Desde luego cuando se ha conseguido recuperar la inversión y el lucro razonable no debería continuarse con las prórrogas. Cuando pasan muchos años de una concesión se ha producido una alteración de las circunstancias y lo más interesante es volver a sacarla.

–Antes hablaba de que corresponde a Bruselas valorar si las ayudas, de serlo, son compatibles con la normativa. ¿Hay riesgo de que se haya vulnerado la legalidad?

–Lo que examinamos es la legalidad de las normas de competencia. En nuestra opinión sí no se ha cumplido la normativa del artículo 107 del tratado de funcionamiento de la UE en la medida en que se trata de una ayuda de Estado no notificada. Europa examina si es compatible. Son continuas las decisiones que toma de autorización.

–¿Están inflados los costes de mantenimiento de los tramos ampliados de la AP-9?

–Las cantidades aparecen fijadas en el decreto. Audasa lo que hace es aplicarlo, pero comparando con otros gastos de infraestructuras nuevas de otras autovías, la cantidad se multiplica por sesenta o setenta.

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