Segundo varapalo a Audasa en cuestión de una semana. Y con contundencia, además. Si hace unos días la Comisión Europea ponía en solfa la legalidad de la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048, ahora es la Comisión Galega da Competencia (CGC), órgano independiente adscrito a la Consellería de Economía, la que arroja serias dudas sobre otro de los puntos más polémicos de la relación entre el Estado y Audasa: la subida anual y acumulativa de los peajes un 1% durante 20 años para compensar a la concesionaria por las obras de ampliación de Rande y los accesos de Santiago de Compostela. En un informe demoledor, en el que censura la opacidad tanto de Audasa como del Ejecutivo central, la CGC advierte también que las sucesivas ampliaciones han perjudicado a la Administración y los usuarios y reconoce abiertamente sus “muchas dudas” sobre la idoneidad del sistema de compensación a Audasa. Para sus técnicos, la gestora de la autopista recibe una contraprestación “excesiva” que incluso podría considerarse una “ayuda de Estado” y que –desliza– resulta “injustificada”.
El informe, contundente, elaborado con los datos que ha podido recabar la CGC y otros facilitados por la Xunta para sus cálculos, apunta a varios flancos de la situación “ventajosa” de Audasa. Señala que la empresa será compensada con creces por las obras de ampliación e incluso revela que ha encontrado en el Estado su cliente más jugoso, origen –según las estimaciones de la CGG– de más del 50% de los ingresos que percibirá al año.
El informe de la CGC recuerda que, para compensar a Audasa por las obras de ampliación de Rande y los accesos de Santiago, en 2011 se acordó que durante dos décadas la concesionaria tendría derecho a un alza anual extra del 1% en sus peajes. Según el informe de Competencia, esa subida acumulativa aportará a las arcas de la concesionaria 1.463,05 millones de euros. ¿A cambio de qué? De obras acometidas por la empresa con una inversión que –asegura el estudio– ascendió a 228,2 millones. Para el CGC, equivale más o menos a pagar el “adelanto” de Audasa con un interés de alrededor del 9,72%, un “porcentaje que difícilmente aceptaría un operador de mercado”.
Otra de las ideas en las que incide el informe es que el Estado ha acabado convirtiéndose en el gran cliente de la concesionaria de la AP-9. En su análisis recuerda que en 2019 salieron de las arcas públicas 13,3 millones destinados a compensar a Audasa por los denominados “peajes en la sombra”, sistema que se utiliza en O Morrazo y A Barcala. A esa cantidad se debe añadir ahora la recogida en el acuerdo firmado por el actual Ejecutivo para bonificar ciertos tramos y recorridos –afecta también al alza anual del 1%– y que cristalizó en el decreto del pasado julio. Dado que en 2021 ese pacto le costará al Estado 41,8 millones, la CGC calcula que el pago anual superará los 80. Sumado el coste de los peajes en la sombra (13,3) y bonificaciones (80) salen 93,3 millones, más o menos la mitad de los 153,4 que Audasa ingresó en peajes en 2019.
Una de las preguntas que se plantea el CGC es si podría hablarse de “ayuda de Estado” a Audasa, lo que “reforzaría” su posición frente a posibles competidores. La comisión reconoce la “ingeniería creativa” de la que echan mano los Ejecutivos para no comunicar este tipo de respaldos financieros, pero desliza que la indemnización con la que se paga a Audasa por las obras “puede constituir una ayuda de Estado en la medida en que supondrá compensar con exceso a la concesionaria”. No deja pasar tampoco la oportunidad de tachar de “ayuda singular” que la variación del Impuesto de Sociedades repercuta en el sistema.
Lo que no genera dudas en la CGC es que “las sucesivas prórrogas de la concesión”, que en el caso de la AP-9 se remonta a los 70, “no pueden ser bien valoradas”. La comisión autonómica recuerda que ese escenario veta la competencia “en perjuicio” tanto de la Administración como de los propios usuarios, “que no podrán verse beneficiados de las ventajas de un mercado en competencia, con mejores servicios y precios”.
Los últimos diez años de concesión, sin actualización de los gravámenes
La “duración excesivamente larga” de la concesión de la AP-9 tiene para la CGC una consecuencia clara: se ha desdibujado el escenario original, lo que ha obligado a actualizar las normas de 1973. Para la comisión gallega ese cambio supone una “alteración grave de la libertad de competencia”. Más allá del toque de atención, entre los cambios podría haber sin embargo un detalle muy importante para los bolsillos de los usuarios.
La CGC recuerda que en el primer Plan Económico Financiero (PEF) de la concesión la empresa se ofrecía a renunciar a “la revisión de las tarifas durante los últimos diez años” de vigencia, propuesta que sigue siendo válida para la CGC y obligaría a Audasa a dejar de actualizar sus tarifas de 2038 a 2048.
La comisión advierte también que los PEF a los que ha tenido acceso contemplan cálculos de ingresos y rentabilidad “muy elevados”. No es un detalle menor. La CGC recuerda que si el escenario dibujado es “excesivamente optimista” la concesionaria podría reclamar la restauración del equilibrio financiero siendo incluso rentable.
El “sorprendente” coste de mantener los tramos de autopista ampliados
Uno de los puntos en los que más incide el CGC es el elevado coste de mantenimiento que alega Audasa. En su informe, recuerda que las cuentas de la concesionaria para 2020 recogen que entre 2018 y 2020 dedicó 9,3 millones a cuidar los tramos ampliados. “Sorprende que una obra nueva de 14,4 km genere en los tres primeros años unos gastos de mantenimiento que suponen un 4,1% de la inversión total”, zanja.
Para poner los datos en contexto la Comisión anota que en los dos últimos años el mantenimiento de la Autovía do Morrazo, de 11 km, ascienden a 66.633. Conclusión: el coste de la AP-9, por el que se compensó a Audasa, es 60 veces mayor.
Otro punto en el que incide la CGC es que las ampliaciones se hicieron sobre trechos que ya existían y que la empresa debía preservar, lo que ha “reducido los costes de explotación” de Audasa. “En el año 45 de vigencia de la concesión se ha encontrado con dos tramos que tendría que mantener y que han sido mejorados, con la consecuente reducción de gastos”.
