“Fue una decisión política de Feijóo contra Vigo”. Así se pronunció el alcalde, Abel Caballero, en su valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que entierra una sanción de 10.500 euros de la Xunta de Galicia al Concello de Vigo por falta de control sobre la concesionaria del servicio de aguas en 2017.

El alto tribunal considera, al igual que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vigo, que la administración local no incurrió en la negligencia que se le imputa. Sostiene que la entidad municipal y la concesionaria, Aqualia, realizaron actuaciones conjuntas “para atajar o paliar los efectos de la sequía en 2017”, tales como un seguimiento reforzado de la presa de Eiras, con tomas y análisis a diversas profundidades. Además, solicitaron a Augas de Galicia “la reducción del caudal ecológico” y “se continuó con la toma de muestras y realización de analíticas en las zonas y puntos de la red”. De esas actuaciones y resultados, “se informó a la autoridad sanitaria”.

A su vez, según consta en la sentencia, “se tomaron muestras de modo conjunto con los inspectores de sanidad” y, “semanalmente, los técnicos municipales se reunieron con los de la concesionaria para estudiar la adopción y ejecución de las medidas y ejercer las funciones de control continuado”. Contra la sentencia, que le impone al gobierno gallego el pago de 1.000 euros en concepto de costas, cabe interponer recurso de casación.

Caballero acusó al presidente de la Xunta de intentar que Vigo se quedara sin agua en un episodio “muy difícil” para la urbe y de “abuso de poder”. “Tomó decisiones en contra de la ciudad”, aseveró.