Espaldarazo del Tribunal Supremo al Concello de Vigo. No admite a trámite el recurso de casación interpuesto por la Xunta de Galicia contra el acuerdo del pleno olívico del 28 de noviembre de 2018 por el que se aprobó definitivamente la modificación para el ejercicio de 2019 de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que dejaba sin efecto la exención del IBI pactada en 2016 entre el gobierno autonómico y el municipal en el convenio para construir el hospital Álvaro Cunqueiro. Según informó en rueda de prensa el alcalde vigués, Abel Caballero, de este movimiento, se infiere que la Xunta debe pagar este tributo anual por el complejo.

“La sentencia es firme y definitiva. El pago que pretendía no hacer la Xunta de Galicia es de 1.026.422 euros”, apuntó sobre las obligaciones en relación a un centro sanitario que, como ha reiterado en multitud de ocasiones, es “privado”. Caballero subrayó que la sección primera de la sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Supremo “rechaza de plano” el recurso de la entidad autonómica, puesto que, además, “le impone las costas”. “No solo le dice que no, sino que, además, le impone las costas a la Xunta, que solo contempla Vigo para llevarse dinero. Pretendía no pagar el IBI del hospital Álvaro Cunqueiro. El TSXG ya se lo había dicho y el Supremo lo ratifica. Ninguna norma jurídica dice que los hospitales no pagan IBI. Lo llevó al TSXG y perdió y lo llevó al Superior y perdió. Tiene que pagar. Es la tercera vez que se pone a defender los intereses de un hospital privado queriendo quitar dinero a la ciudad. Pretendió birlarle a Vigo más de un millón de euros. El Supremo nos da la razón”, destacó.

El fallo pone fin a más de cuatro años de litigio entre el Concello, la Xunta y la empresa concesionaria del hospital. La primera sentencia al respecto data del 25 de enero de 2018: el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Vigo dio la razón a la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo S.A. y eximió al centro ubicado en la parroquia de Beade de abonar este recibo. La empresa había presentado un recurso contra la primera liquidación remitida, en octubre de 2016, que fue ratificada por el Tribunal Económico Administrativo del Concello en mayo de 2017.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó esta decisión en un dictamen emitido el 5 de noviembre de 2018: desestimó el recurso de apelación presentado por el gobierno municipal. Este fue el último revés al ente local. Y es que, una vez reformada la ordenanza fiscal, el TSXG avaló el cobro del IBI al Álvaro Cunqueiro en dos sentencias publicadas en 2020: la primera, de febrero, para confirmar el recurso presentado por el Concello; la segunda, de mayo, para desestimar la queja de la concesionaria. Según argumentó el TSXG, tras la modificación, la ordenanza exige, para que haya exención de ese impuesto, que el centro sanitario sea público y que el Sergas sea sujeto pasivo del impuesto, situación que no se cumple. Además, limita la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a centros sanitarios públicos en los que se dispense atención primaria.

La concesionaria, según indicó en la memoria de sus cuentas anuales de 2019, no tiene pensado pagar el IBI del Cunqueiro: “Dada la actual redacción de la ordenanza, se reclamará al Sergas que asuma el pago”. Lo justifica al entender que la exención de este impuesto “se considera un elemento contractual que se tuvo en cuenta” cuando realizó su oferta.

El Concello también tuvo que recurrir a los tribunales para lograr ingresar en sus arcas las cantidades correspondientes al IBI de propiedades de la Universidad de Vigo. Ambas entidades acordaron en 2019 que la institución académica ingresara en torno a 6 millones de euros por este tributo. A cambio, la administración olívica se comprometió a hacer efectiva la subvención anual de 300.000 euros para becas estudiantiles.