Toda jurisdicción se ha visto influida, en mayor o menor medida, por cuestiones relacionadas con el COVID. En Penal suspensiones de juicios, en Contencioso los recursos a las multas por incumplir las restricciones, en Civil procedimientos de deudas por la crisis económica y en Social, eran los despidos o la conciliación laboral lo que preveía insuflar una mayor carga de trabajo a los siete juzgados de Vigo. Pero en vista de las estadísticas de entrada de asuntos en este primer semestre, lo que está centrado sus agendas son los pleitos contra el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Tanto es así que desde enero, estas salas recibieron 816 demandas frente a las 275 que entraron en el mismo periodo del 2019. Es más, ese año concluyó con 524 recursos contra las resoluciones administrativas de la Seguridad Social, casi la mitad de las registradas en lo que llevamos de 2021.
¿Cuáles son los motivos de estos litigios? Principalmente tres: las valoraciones de incapacidades, la denegación del Ingreso Mínimo Vital y, muy especialmente, la reclamación del complemento de maternidad en las pensiones de jubilación.
Y es que desde que el pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, cuyo titular es el magistrado –y también juez decano de la ciudad– Germán Serrano Espinosa, declaró el derecho de un padre vigués a percibir esta bonificación aplicando la doctrina emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estos órganos han recibido un aluvión de reclamaciones contra el INSS. “Tenemos muchísimas consultas y hemos presentado muchas demandas también. Además, se están estimando la mayoría, con limitaciones en la fecha de efectos, pero estimándose, lo que anima a una mayor interposición de estas demandas”, recalca el abogado laboralista Fabián Valero.
La clave de este procedimiento se encuentra en que la justicia europea concluyó que la normativa española que concedía únicamente dicho complemento a las mujeres constituye “una discriminación directa por razón de sexo” para los hombres. La cuantía de este plus se fija en función del número de hijos: un 5% en el caso de que tenga dos hijos, un 10% si tiene tres y, finalmente, un 15% en el caso de que sean cuatro hijos o más.
En cuanto a las incapacidades de los trabajadores, la demora en su valoración a consecuencia de la pandemia es lo que ha provocado este aumento de pleitos contra el INSS. “Una de las muchas consecuencias que esta jurisdicción provocó la crisis del COVID fue la paralización de las valoraciones. Hubo una gran demora en las calificaciones, concretamente en las resoluciones extemporáneas que han derivado en estas reclamaciones”, amplía el letrado vigués.
También se han celebrado decenas de juicios a colación del rechazo del cobro del IMV a vigueses con pocos o escasos recursos. Basta con ver las resoluciones de la Seguridad Social para entender la avalancha de pleitos: De las cerca de 14.500 solicitudes en Vigo y otros puntos de la provincia, un total de 9.900 fueron denegadas, según el último informe del Ministerio a fecha de mayo.
Estos 816 recursos en materia de Seguridad Social se han convertido en la mayor carga de trabajo en las siete salas viguesas, solo equiparables a las demandas de salarios y cantidades (822) y despidos (503).
