Un procedimiento por presunto fraude fiscal al IVA del tipo “carrusel” podría sentar pronto en el banquillo a casi una veintena de acusados diez años después del inicio de las actuaciones. Tras casi tres años de parón, el caso, con el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo al frente, se ha reactivado al dar traslado la magistrada a las partes para que en el plazo de un mes presenten sus escritos de calificación. Así lo avanzaron fuentes próximas a la causa, destapada por el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia en 2012. El grueso del fraude, tal y como se recoge en el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado se habría cometido con la transacción de productos informáticos.

La trama

El fraude al IVA ascendería a casi 5 millones de euros. ¿Cómo se fraguó la trama? Según se desgrana en este auto del juzgado vigués que dirige el caso, se creó una “estructura organizativa” compuesta por una serie de sociedades que tenían como objetivo “realizar la máxima facturación posible entre ellas” sin que las transacciones monetarias implicase un “movimiento efectivo de mercancías”; es decir, presuntamente fingían la realización de múltiples adquisiciones intracomunitarias. “Las personas que manejan estas sociedades perciben un porcentaje del valor facturado a cuenta del impago del IVA, por ello su objetivo es el de realizar la mayor cantidad de facturación posible”, tal y como se desprende del auto. Para dar credibilidad a estos movimientos “ficticios” de la mercancía se realizaba un continuo traspaso de dinero entre cuentas bancarias, todas ellas operadas a través de internet.

Refacturación

La supuesta mercancía viajaba desde el extranjero hasta almacenes logísticos españoles que, a su vez, la remitían a las comercializadoras finales. Sin embargo eran facturadas a las empresas “truchas” en el extranjero que, a su vez, refacturaban a otras sociedades ficticias españolas que tampoco recibían la mercancía y se la volvían a refacturaban a otras creadas para la ocasión. Las múltiples refacturaciones a través de las empresas “truchas” les permitía evitar el IVA, ya que no hay que pagar este impuesto en las compras intracomunitarias pero sí en la ventas interiores en España.

"Hombres de paja"

Así, durante este proceso, las sociedades son constituidas “a nombre de terceras personas u hombres de paja”, concretamente individuos que prestan su identidad “a cambio de una contraprestación económica”. Estas empresas, por lo tanto, carecían de actividad real y al poco tiempo desaparecían o se cerraban.

En total son 16 los investigados para los que Fiscalía solicita penas de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y multas millonarias, así como la disolución de las empresas que conformaban el entramado.