La moratoria otorgada por el Gobierno a los desahucios –que expira el 9 de agosto– se extiende a aquellos casos especialmente vulnerables, lo que implica que estos procedimientos no han estado parados por completo en la ciudad. Es más, el volumen total de lanzamientos registrados por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos revela unas cifra muy parejas a las de años prepandemia, ya que el trabajo de esta oficina durante el primer semestre del año pasado se limitó a asuntos urgentes. Así, a lo largo de este año, los Juzgados de Primera Instancia autorizaron 245 desalojos, frente a los 223 del 2019 o los 228 del 2016.
Bajos comerciales
Las viviendas, especialmente los impagos de alquileres, siguen imponiéndose como el perfil más habitual de estos desalojos, pero la peculiaridad de este año también se ha dejado notar en la estadística. Y es que el cierre de negocios de hostelería a consecuencia de las restricciones del COVID motivó un repunte de desahucios de locales y bajos comerciales. Y es que, según precisa el Letrado de la Administración Judicial de este servicio, Fernando Varela, en los desalojos de viviendas “no hay un perfil común; pueden ser desde familias, parejas, personas que cuidan a mayores, etc.”, en los desalojos de locales sí es protagonista la hostelería.
Sin actividad
Precisamente este año, recordaba Varela, el funcionarios que fueron a practicar el desahucio de una cafetería, se encontraron incluso con clientes. “Lo más habitual es que se trate de negocios sin actividad; solo hay que entregar las llaves y ya. Pero esta vez llegamos y estaban atendiendo a clientes como si nada. Tuvimos que pedirle que cerrase el local, claro”, recuerda el letrado judicial, quien destaca también que estos desahucios no llegan en tal cantidad a la vía judicial como en el caso de viviendas u otros inmuebles como fincas o solares. “Al empresario no le compensa tener el local ocupado sin actividad porque se le va acumulando la renta mensual”, argumenta Varela.
Servicios Sociales
Esta no fue la única influencia del coronavirus en el balance semestral de estas oficinas ubicadas en el Casco Vello. La intervención de Servicios Sociales en estos procedimientos se ha incrementado hasta estar presente en un tercio de los expedientes. Este requerimiento es instado por los demandados para suspender temporalmente el desalojo hasta que puedan encontrar otra alternativa de habitabilidad. “Excepto en casos muy especiales se trata de un aplazamiento de un mes. A diferencia del año pasado, al ser agosto inhábil, para septiembre tenemos señalados aquellos que por la moratoria se han aplazado más tiempo, pero son entre 4 o 5”, explica Fernando Varela.
Embargos
Junto a los desahucios, el trabajo de este Servicio Común se centra también en los embargos judiciales a domicilio par cobrar impagos de morosos. Desde enero fueron 253, un centenar menos que en el ejercicio anterior. ¿Qué se embarga? Fundamentalmente las cuentas bancarias y bienes inmuebles, al ser los que, en palabras de Fernando Varela, generan una mayor rentabilidad. “Estos embargos salen luego a subasta, si se trata de una vivienda, una finca o un solar sí se puede lograr un beneficio. Es raro que se embarguen por ejemplo coches acaso que sean muy nuevos porque no recibirían pujas”, explica el letrado judicial.
También las devoluciones de Hacienda o incluso joyas son embargadas principalmente por los bancos. “Estamos viendo que hay mucho interés luego por estas subastas; si antes solían terminar sin pujas, ahora sí las reciben”, cuenta.
