Desde el inicio de la pandemia, los juzgados de Primera Instancia han tenido que paralizar decenas de desahucios por impagos bien del alquiler, bien de la hipoteca a consecuencia de la crisis económica que provocó el COVID en base a una moratoria del Gobierno central recogida en el Real Decreto Ley 8/2021. Generalmente, se trata de suspensiones temporales que, en la mayoría de los casos, se conceden por el plazo de un mes, período en el que los Servicios Sociales deben buscar una alternativa para estas familias. Pero hay casos excepcionales, por la extrema precariedad de los inquilinos, en los que el desalojo está paralizado desde hace meses y así seguirá hasta que concluya la prórroga dictada por el Estado, fijada para el 9 de agosto.
Familias vulnerables
Esta fecha está marcada en el calendario de un centenar de familias en Vigo por el riesgo que entrañe para ellos. Y es que al retomarse los lanzamientos, estas personas en situación de especial vulnerabilidad podrían perder sus viviendas. “Se trata de personas que ya viven solo del Risga o de una pensión y que no tienen ninguna otra alternativa de habitabilidad”, desgrana Carla Leiras, miembro del colectivo Os Ninguéns, a quien preocupa la negativa en segundos aplazamientos. “En muchos de estos casos, al derivarte a los Servicios Sociales se paraliza el desalojo durante un mes, pero después qué. Hemos vuelto a solicitar de segundas esta suspensión y todas nos vienen denegadas”, lamenta Leiras.
Programa Reconduce
Para poder ayudar a estas familias, la Consellería de Política Social puso en marcha el programa Reconduce, consistente en su asesoramiento, reestructuración de deudas y busca de alternativas habitacionales para aquellas personas vulnerables en riesgo de perder su vivienda habitual. A lo largo de este año, sus profesionales han atendido a 293 personas en toda la comunidad, de las cuales, en torno a las 70 son del municipio vigués. La inmensa mayoría –271– acceden a este programa por impagos en la renta de alquiler mientras que solo 22 son por no hacer frente a las mensualidades de la hipoteca.
Alternativas
Una vez que se incorporan a este programa, explican desde la Xunta, se les da siempre una solución bien sea la reestructuración de su deuda, dación en pago de su vivienda (casos hipotecarios), tramitación del bono alquiler o solución habitacional. Sobre este extremo, para Leiras, uno de los principales problemas con los que cuenta la comunidad es la inexistencia de un parque de viviendas sociales en alquiler. “Este recurso sería fundamental para las familias; es una demanda por la que llevamos años luchando”, justifica.
Servicio de Notificaciones y Embargos
Precisamente la proximidad de este fin de la moratoria, para la que resta menos de un mes, está generando ya un mayor trabajo en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, ubicado en el Casco Vello. El letrado de la Administración de Justicia de estas dependencias, Fernando Varela, avanza que ya empiezan a tener los primeros señalamientos para el mes de septiembre, al ser agosto inhábil para este tipo de procedimientos. “Ahora mismo tenemos señalados sobre 5 lanzamientos para septiembre; todavía no es una carga elevada; esperamos que a medida nos acerquemos a agosto, sobre mediados de julio, empecemos ya con todos los aplazados y con los nuevos que entren”, desgrana Varela.
Suspendidos más de la mitad
Concretamente, desde el inicio de la pandemia, este servicio se ha visto obligado a suspender más de a mitad de los que han entrado. En estos casos, los Servicios Sociales, ante la difícil situación de la persona o la familia que se va a quedar sin vivienda, lo comunica en un informe al juez, que procede a parar temporalmente el lanzamiento a la espera de que los profesionales intenten tramitar ayudas económicas como el Risga o el salario mínimo vital o buscar una alternativa habitacional, o incluso familiar, para los afectados.
