Neumáticos, muebles desconchados, colchones y somieres, ordenadores destripados, con las placas base y los cables al aire, ladrillos, tinajas repletas de pedazos de cemento... Y un largo, larguísimo etcétera de escombros que incluye, por ejemplo, parabrisas o sillones de coche. En los montes de Vigo “brotan” algo más que árboles y matorrales. A pesar de los carteles que advierten de las sanciones y la intensa vigilancia y control de las comunidades, a los bosques y parques forestales de la ciudad sigue acudiendo con frecuencia gente –particulares y negocios– a arrojar basura. No solo bolsas o materiales que se pueden tirar en los contenedores; también, y especialmente, grandes vertidos cuya eliminación exige de los comuneros un gasto considerable de tiempo y dinero. Uxío González, presidente de la Mancomunidad, calcula que al año pueden registrar más de un centenar de casos.
El problema no es nuevo –reconocen las parroquias–, pero va camino de enquistarse y en algunos montes incluso se agrava. “Seguimos padeciéndolo y va en aumento además”, lamenta Luis Rodríguez, del colectivo de Cabral. Además de las bolsas, vasos o botellas que pueda dejar algún senderista, el directivo censura sobre todo los grandes vertidos de muebles, neumáticos... que llegan incluso a transportarse en camiones. “A lo largo de 2020 nos habremos encontrado con más de 15 casos; desde escombros de obra a restos de mobiliario, cocinas o colchones”, zanja.
“No tiene sentido que habiendo tantos contenedores y un servicio especial la gente lo tire en el monte”, censura González. El problema se extiende a lo largo de las parroquias y se palia en parte –apunta la Mancomunidad– con el apoyo del servicio municipal. Retirar los escombros y encargarse de su gestión en los casos en los que los desperdicios deben recibir un tratamiento especial –como ocurre con ciertos materiales tóxicos– exige de las comunidades sin embargo una considerable inversión de tiempo, mano de obra e incluso dinero.
Lo sabe bien Gregorio Álvarez, de la comunidad de montes de Valadares. Hace aproximadamente un año el colectivo se encontró con un “vertido grande” en el que se incluían hasta muebles. “A las comunidades nos cuesta dinero”, recalca: “No ocurre todos los días, pero sí es un problema más o menos frecuente. Si hay uralitas, por ejemplo, tienes que llamar a una empresa especializada, además de dedicarle mano de obra y maquinaria”.
No solo eso. Álvarez recuerda que las comunidades son responsables de los montes repartidos a lo largo de su territorio, por lo que un vertido especialmente amplio y que dure más de lo debido puede acarrearles sanciones. Su propia comunidad habría recibido hace no mucho una notificación de Medio Ambiente precisamente por un vertido. Y no es la única de Vigo que ha afrontado un escenario similar. “Es como si en vez de culpar al asesino, se culpase al muerto”.
“Hace tres años tuvimos un vertido de uralitas. Avisamos a la policía y nos llegó una notificación en la que se nos decía que disponíamos de ocho días para retirarlas. No conocíamos ninguna empresa especializada, así que nos tuvimos que poner a buscar una. Al final pagamos 3.000 euros y hubo que notificar que la habíamos sacado”, relatan desde la comunidad de montes de Oia. El problema sigue dándose, no a diario, pero sí de forma periódica “a pesar de que tratamos de tener una vigilancia continua”.
