El Juzgado de Instrucción 2 de Vigo prosigue con la investigación en torno a las presuntas irregularidades en la administración del Colegio de Enfermería de Pontevedra. Ayer tuvo lugar una batería de testificales entre las que, junto a la secretaria de Gestión Jurídica Gallega –una de las empresa supuestamente vinculada al entramada familiar del presidente del órgano colegial– o una empleada de la empresa de formación IGAF, destacan la de los miembros de una empresa valenciana, Solumed, encargada de realizar las auditorias del Colegio pontevedrés.

Excluir la deuda del CGE

Concretamente, según precisaron fuentes próximas a la investigación, uno de estos economistas habría afirmado en su comparecencia que en el informe que ellos elaboraron a petición del presidente para la asamblea del órgano provincial de 2019 se “excluyeron” la amortización de la deuda contraída con el CGE (Consejo General de Enfermería) así como “la obligación de los pagos corrientes”. Así, siempre según indican estas fuentes, en dicho informe “se omitió que tenía comprometidos determinadas cuantías para el pago de esta deuda”, que ascendería a los 6 millones, fijados por varias sentencias judiciales. De modo que cada año el Colegio de Enfermería de Pontevedra “generaba una deuda de la que no se informó en la reunión”.

Junto a estas testificales, otra de las diligencias que podrán arrojar luz al caso será el estudio de la numerosa documentación de la que se incautó la Policía en los registros domiciliarios.