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Un juez de Vigo investiga a Altia y a dos firmas más por supuesto fraude con fondos europeos

La sede de Altia, en Oleiros. |

La sede de Altia, en Oleiros. |

El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo se encuentra inmerso en la investigación de un presunto fraude con fondos públicos de la Unión Europea en el que se encuentran como investigadas tres firmas principales, que son las que habrían recibido la subvención y una cuarta entidad subcontratada por las anteriores para realizar una parte del proyecto para el que se optó a esta financiación europea.

Si bien la instrucción se encuentra en fase muy inicial, la denuncia interpuesta a instancias de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) se presentó hace años, y tras discurrir por la Audiencia Nacional y los juzgados de A Coruña, es ahora el órgano vigués, cuyo titular es el magistrado Juan Carlos Carballal, el que ha pasado a dirigir la causa. Precisamente ayer tuvieron lugar las primeras declaraciones de varios miembros de estas empresas, en calidad de investigadas, tal y como precisaron fuentes judiciales, con el objetivo de determinar si se presentaron trabajos presuntamente inflados para justificar la percepción de estos fondos europeos.

La cuantía de los fondos supuestamente defraudados ascienden a los 300.000 euros, ya que nunca se recibe el 100% de lo presupuestado para el proyecto, que rondaría el medio millón de euros.

Según pudo saber este periódico, las tres empresas principales –entre las que se encuentra una ya extinta, otra de Madrid y la consultora digital coruñesa Altia– habrían conformado un consorcio para optar a estos fondos europeos de cara a un proyecto de desarrollo tecnológico.

Entre las bases de convocatoria de esta subvención se destacaba la contratación de un centro tecnológico para la realización de parte este trabajo. Aquí es donde entra la cuarta investigada, a cuyos miembros también se le tomaron ayer declaración en la sala del juzgado instructor. El consorcio contrató a una firma viguesa para el desarrollo de una parte del proyecto de I+D+i, que realizó, entregó y cobró, según precisan fuentes próximas al caso.

Primera denuncia

Durante este proceso, se cursó la primera denuncia ante la OLAF por supuestas irregularidades que al poco tiempo de su prescripción terminó derivando en esta causa penal. Ahora el magistrado citó como investigados tanto a las tres empresas que recibieron la subvención como a los proveedores –el centro tecnológico vigués– para conocer cuál fue el destino de estos fondos y si se llegaron a inflar los presupuestos iniciales para lograr dicha ayuda.

El titular del juzgado también requirió diversa documental a las firmas investigadas, concretamente en el caso de la firma viguesa, sus estatutos. Por parte de esta última, se ha reiterado en sede judicial su nula implicación al ejercer de subcontrata para el consorcio y no ser la que ha optado o solicitado dichos fondos europeos.

Las comparecencias se prolongaron durante toda la mañana y están previstas nuevas diligencias en el marco de estas actuaciones de muy reciente incoación.

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