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El calendario para la rebaja de peajes en la AP-9 se desdibuja

Vehículos circulando en el acceso a Vigo de la AP-9. Alba Villar

Plazos, compromisos y peajes no conjugan bien cuando la Autopista del Atlántico está de por medio. Hace años, en 2018, tras una intensa campaña de quejas de vecinos, transportistas e instituciones, el entonces Ministerio de Fomento garantizó que eliminaría el gravamen de la AP-9 entre Vigo y Redondela. De la Serna, al frente de la cartera, llegó a ponerle incluso fecha: la cabina de Rande sería historia “en torno” a julio. Pasó julio de 2018, el verano entero, 2019, 2020 y a comienzos del 2021, con el peaje aún activo –incluso se encareció con el cambio de año–, el ahora Ministerio de Transportes volvió a asegurar que cancelaría la tasa. No solo eso. La medida se incluyo en un ambicioso paquete de bonificaciones que contempla rebajas sustanciales en el conjunto de la AP-9 –con la gratuidad del viaje de vuelta y una rebaja del 20% para usuarios frecuentes– y, en especial, en el tramo Vigo-Tui, ahora infrautilizado. De nuevo, al igual que en 2018, el titular del ramo se encargó de ponerle fecha. En abril, durante una entrevista con Feijóo, el ministro José Luis Ábalos aseguró que las rebajas en la autopista llegarían ya en julio.

Apenas dos meses después y a solo unas semanas de la entrada de julio, el Gobierno desdibuja ahora aquel calendario. La razón: las dificultades para alcanzar un acuerdo con Audasa, la concesionaria de la AP-9, un trámite clave para aplicar las rebajas. El ministerio confirma que la empresa “ha declarado su no conformidad con el Real Decreto de bonificación de los peajes”, lo que –zanja el Ejecutivo– “implica que el texto tendrá que pasar trámites administrativos adicionales y externos” antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros.

El departamento de Ábalos reconoce que el “no” de la gestora de la AP-9 complica el proceso y desdibuja en parte el calendario trazado en abril por el propio ministro. A preguntas de FARO, en una respuesta por escrito en la que ya no se alude al mes de julio, el Gobierno admite que –“al tener que recorrer un camino administrativo más largo y complejo”– ha tenido que buscar soluciones.

“El ministerio ha activado los mecanismos disponibles para recortar plazos y acelerar su tramitación lo máximo posible para que el real Decreto se apruebe este verano”, abunda. El horizonte quedaría ampliado así hasta septiembre y sujeto al avance de los engranajes administrativos.

La respuesta está en sintonía con la que ya avanzó hace unos días el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, quien durante una visita a Lugo enfrió las expectativas sobre julio. “Por un mes no vamos a poner en riesgo un Real Decreto que es delicado. Es una cosa muy delicada y lo vamos a hacer con mucha diligencia”. El horizonte que maneja el Gobierno para la publicación del Real Decreto –deslizaba el alto cargo de Transportes– sería el verano.

Poco después trascendía que más allá de las dificultades propias de la tramitación, el Gobierno se enfrentaba a otro reto: la falta de consenso con Audasa. En concreto, el desacuerdo residiría en cómo calcular a partir del tercer año el modo en que Transportes compensa a Audasa por el dinero que deja de ingresar.

Durante el primer trienio se aplica un sistema basado en estimaciones. Pasado ese plazo, el ministerio quiere corregir la fórmula con “un estudio independiente de tráfico” y ajustar lo ya abonado. Su intención: no “compensar en exceso” a la empresa. La concesionaria ha alegado contra esa revisión del método de cálculo.

Parte del problema estaría en qué hacer con el tráfico generado por la propia rebaja, es decir, los conductores que usan la AP-9 fruto de los descuentos y que, sin ellos, optarían por otras vías para desplazarse. ¿Debe o no ser resarcida Audasa también por sus rebajas? “El ministerio no va a compensar los descuentos en los tráficos inducidos”, aclara el Ejecutivo.

Los vecinos de Chapela y Teis: “Llega de engaños y excusas”


Desde hace años los vecinos de Teis y Chapela claman por la supresión del peaje de Redondela, un gravamen que el Ejecutivo de Rajoy se comprometió a eliminar en 2018 y el de Sánchez en 2021, pero que sigue aplicándose en un tramo de la AP-9 que, en la práctica, opera como circunvalación urbana. “Llega de engaños y de excusas por parte del Gobierno del Estado para suprimir el peaje en el tramo Redondela-Vigo. Llevamos años padeciendo las mentiras y la falta de voluntad política por parte de los diferentes gobiernos del Estado en este tema”, censuran las asociaciones vecinales de ambos barrios. En la negativa de la concesionaria ven “una excusa”: “Antes fue la falta de presupuestos del Estado o un estudio de tráfico. Así llevamos años”. “En abril el ministro anunciaba una fecha para la supresión del peaje. En aquel momento manifestamos que no entendíamos por qué había que esperar hasta julio cuando en los presupuestos del Estado de 2021 figura ya una partida para destinar al pago del peaje”, recalcan ambos colectivos, que reivindican la supresión “inmediata” de la cabina de peaje de Rande. Los residentes exigen también atajar la contaminación acústica que genera la AP-9,la mejora de los pasos elevados de Xorxa y Trapa y las obras de humanización pendientes en Chapela. Avanzan movilizaciones.

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