Preocupación legal por lo que está sucediendo en las comunidades de propietarios del conjunto de la comunidad gallega en los últimos meses, especialmente en las principales ciudades, Vigo incluida. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) tiene constancia de que se están celebrando juntas ordinarias de propietarios para debatir asuntos no urgentes pese a estar prohibidas por las restricciones marcadas por el COVID. Concretamente, un Real Decreto del Gobierno confirma que hasta el 31 de diciembre de este año no se pueden llevar a cabo este tipo de encuentros, excepto para casos que se consideren inaplazables. Los acuerdos de esas reuniones realizadas de forma ilegal podrían por lo tanto ser impugnados.
Desde la corporación gallega de administradores de fincas, que agrupa a más de seiscientos colegiados, recuerdan que existen alternativas para tomar acuerdos necesarios. Entre ellas están las videoconferencias, que ya son válidas, pero también el envío de los correspondientes documentos y escritos por correo electrónico u ordinario a los diferentes propietarios.
Y es que tal y como figura en el Real Decreto, la vía presencial solo se puede emplear de forma extraordinaria y para asuntos necesarios e inaplazables, y siempre que se garanticen los requisitos necesarios.
Desde Coafga se considera que el marco legal actual establece un abanico de soluciones al que se puede acoger cada edificio en función de sus circunstancias y esperan que estas medidas sean un paso importante para que las comunidades de propietarios puedan seguir con su actividad normal “y hacer frente a sus obligaciones económicas contando con los ingresos por cuotas de los propietarios para poder afrontarlas”.
Según refleja el real decreto que regula estas reuniones, los encuentros presenciales solo podrían llevarse a cabo en caso de que los acuerdos no puedan demorarse hasta final de año, cuando está previsto que las restricciones en las comunidades en las juntas de vecinos, si la evolución de la pandemia lo permite, lleguen a su fin. Por ejemplo, para liquidar la deuda de morosos si la comunidad está sin fondos, obras urgentes o de accesibilidad y siempre respetando las medidas de seguridad para prevenir contagios. No obstante, decisiones tan importantes como el arreglo de un tejado, rehabilitar una fachada, poner un ascensor, aprobar unos presupuestos o reclamar deudas importantes a los propietarios morosos, entre otras, requieren del acuerdo de la junta, y si ésta no se reúne no se pueden tomar, lo que puede tener consecuencias “nefastas” para la comunidad.
Administradores de fincas de Vigo afirmaban cuando se aprobó la legislación que uno de los principales perjuicios de la normativa impulsada por el Gobierno es que hasta el próximo año no se podrán aprobar las nuevas cuentas de la comunidad y hasta entonces tampoco se permitirá elegir a un nuevo presidente, por lo que el elegido en 2020 tendrá que estar al menos dos años en el cargo, “algo que por lo general no es de su gusto”.
Pese a esas reuniones de las que alerta Coafga que se están llevando a cabo de forma ilegal en las últimas semanas, desde que se declaró el estado de alarma en marzo de 2020, apenas se celebraron en Galicia juntas de propietarios, cuando antes de la crisis se registraban más de 50.000 reuniones ordinarias al año y unas 17.500 extraordinarias.
