En la provincia hay tres juzgados de lo mercantil pero solo uno tiene su sede en Vigo. Fue el último en crearse –2010– pero actualmente absorbe casi el 60 % de la carga de trabajo de Pontevedra.
¿La razón? Vigo concentra buena parte de los polos industriales y un excelso tejido empresarial. La crisis del 2008 arrastró al concurso de acreedores a gran parte de su sector inmobiliario, de la construcción y las promotoras, a las auxiliares del naval, dejó al borde de la quiebra a grandes astilleros que luego se salvaron, y en los últimos años, golpeó a la actividad de servicios e incluso a centenarias instituciones de ocio como el Real Club Náutico, obligando a cientos de entidades a solicitar concursos de acreedores como solución para pagar sus deudas y, habitualmente, disolver la firma.
Pero muchos de ellos siguen todavía activos en la sala; concretamente uno de cada tres. Y es que de los más de 650 concursos que desde hace una década ha tramitado el Juzgado de lo Mercantil 3, casi 200 –al cierre de 2020 eran 190– continúan todavía activos o abiertos. Son varias las causas, pero fuentes judiciales destacan principalmente dos: el “abandono” o demora del procedimiento por parte de los administradores al no tratarse de diligencias de carácter urgente y también la venta de los bienes de la compañía, lo que se conoce como la fase de liquidación. Estas mismas fuentes aprecian que, aunque la fase de convenio pudiera semejar a priori más compleja –llegar a un acuerdo con los acreedores para proceder al pago de la deuda– suele ser “rápida”. “No es lo que más dilata estos procedimientos; en muchos casos al no ser procedimientos urgentes se tienen parados y llegan a eternizarse”, explican.
Un ejemplo de cómo se enquistan estos procedimientos lo tenemos en el último ejercicio. Mientras el 2019 cerraba con 174 concursos de empresas abiertos –los de empresario también son competencia de esta sala, si bien los de personas físicas los tramitan las salas de Primera Instancia–, al término del 2020 la cifra ya escala a los 190, según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se declararon 46 nuevos y se concluyeron una veintena.
Reconocen fuentes judiciales que buena parte de ellos tienen su origen en la propia apertura de la sala, en 2010. Destaca, por ejemplo, la histórica conservera viguesa Bernardo Alfageme, con un proceso judicial abierto hace una década tras una suspensión de pagos tortuosa y un proceso de liquidación que acabó en subasta pública.
También destacan el de Factorías Vulcano ( rebautizado con el nombre de Astilleros San Enrique), que data del 2011 o el de Maderas Iglesias, en 2012. Otros más recientes, concretamente del 2016, todavía pendiente de incidentes concursales o últimos trámites es el de la antigua concesionaria del Auditorio Mar de Vigo –Pazo de Congreso, que solicitó su entrada con un deuda de 84 millones–. También del 2016 es el concurso del Real Club Náutico, que a diferencia de los anteriores logró a finales del años pasado salir de este proceso, contemplando una quita del 70% y un plazo de diez años para el abono de las deudas.
Estas mismas fuentes afirman que para estos concursos más dilatados desde hace un tiempo la Tesorería General de la Seguridad Social, al ser uno de los principales acreedores públicos, suele estar “muy encima” de los administradores concursales a la hora de intentar cobrar los créditos adeudados.
Moratoria por COVID
El único juzgado de la ciudad que estudia estos litigios sufre un carga de trabajo que va mucho más allá de los concursos de acreedores de empresas o empresarios –demandas en materia de transporte, propiedad intelectual, etc.–, especialmente este año a consecuencia de la moratoria para la presentación de estas solicitudes a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. Y es que esta prórroga en los plazos exime de la obligación de solicitar el concurso a las empresas en situación de iliquidez. Dicha medida se aprobó a finales de abril de 2020 y se ha prorrogado en dos ocasiones, la última hasta el próximo 31 de diciembre.
La previsión de esta y otras salas de lo Mercantil es que, como pasó en la jurisdicción civil con los concursos de personas físicas asfixiadas por las deudas o microcréditos, el número suba de forma exponencial una vez concluya esta moratoria.
La gestora de franquicias de Pili Carrera, a concurso por 3 millones
Una de las últimas empresas en solicitar la declaración de concurso de acreedores es Dafreixa, firma cuyo objeto social según el Boletión Oficial del Registro Mercantil, pasa por la “ actividad constructora, bien por cuenta propia o por cuenta de terceros, de toda clase de edificios y obras, públicas o privadas, estudio, proyecto, realización, y explotación de inversiones inmobiliarias y, por tanto, la adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de urbanización”. Dafreixa S.L. es la sociedad gestora de las franquicias de Pili Carrera, firma también en concurso de acreedores.
Concretamente, a través de esta empresa, encabeza por la hija de Carrera, la familia controla la textil. La deuda de la misma ascendería a los 3 millones, según fuentes judiciales. Precisamente, este pasado jueves el concello de Mos daba la sorpresa al dar por cerrada la venta de Pili Carrera. El consistorio informaba de que la firma de moda infantil había sido adquirida por un inversor valenciano que “estaba organizando la puesta en marcha de la empresa, que implicará la contratación inminente de 40 trabajadores”.
