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El Puerto retirará a Vulcano este mes los terrenos de la concesión

El astillero deberá solicitar una autorización provisional si no quiere perder la salida al mar en tanto no se resuelve el nuevo concurso

Instalaciones, en suelo concesionado, de la antigua Factorías Vulcano. |   // MARTA G. BREA

Instalaciones, en suelo concesionado, de la antigua Factorías Vulcano. | // MARTA G. BREA

La salida al mar de Astilleros San Enrique, la sociedad que adquirió la unidad productiva de la desaparecida Factorías Vulcano, tiene los días contados. Y son muy pocos. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo procederá a la extinción definitiva de la concesión administrativa en su próxima reunión, que se celebrará de manera ordinaria a finales de mes, como confirmaron a FARO fuentes de la institución. El astillero no se quedará únicamente sin el acceso directo a la ría y la lámina de agua, sino que perderá también el muelle, las gradas, un edificio de oficinas técnicas y naves de cubiertas móviles. Todos estos elementos están asentados sobre los 25.095 metros cuadrados de suelo portuario, que fueron vendidos a San Enrique –de Grupo Argos, propiedad de José Alberto Barreras– contra el criterio del propio Puerto o del Consejo de Estado. En base a sus dictámenes, la concesión, heredada de Vulcano, había quedado extinguida en el mismo momento en que la histórica factoría pidió su liquidación, en julio de 2019 y tras cien años de historia. El Supremo, a través de la sala de Conflictos de Jurisdicción, lo ratificó en sentencia. Lo que hará la Autoridad Portuaria será proceder a la extinción completa de este derecho de uso de los terrenos, que serán adjudicados a un nuevo postor en un concurso de libre concurrencia.

Si Astilleros San Enrique pretende seguir utilizando ese espacio, deberá solicitar una autorización temporal, que deberá ser validada por la entidad que preside Jesús Vázquez Almuíña, y solo hasta que se adjudiquen definitivamente esos más de 25.000 metros cuadrados, contiguos a la terminal de Guixar. Esta, la de una ocupación de los terrenos eventual, era ya una de las posibilidades que manejaba el astillero tras recibir el revés del Supremo. Eso sí, en ese momento aspiraba a negociar, en paralelo, un contrato directo con el Puerto para firmar una nueva concesión con 40 años de vigencia. El Gobierno central ha rechazado esta vía. “No se puede negociar con las empresas, sino que se deben cumplir los requisitos y procedimientos del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre”, expuso en respuesta parlamentaria. “La Autoridad Portuaria de Vigo tramitará formalmente el expediente de extinción de la concesión de conformidad con la normativa portuaria y con la sentencia del Tribunal de Conflictos”.

De acuerdo a la normativa, el Puerto no puede dar prioridad a ninguna empresa o entidad, como defendía el predecesor de Vázquez Almuíña, Enrique López Veiga. De hecho, el presidente de la autoridad portuaria ya abrió la puerta a acoger actividades de logística en esos terrenos. “Los pliegos tendrán una sensibilidad especial para ver qué es lo que necesita el Puerto de Vigo. Apoyamos cualquier tipo de actividad que traiga detrás un proyecto sólido”, abundó. La Xunta, por contra, mantiene el objetivo de dar continuidad a la actividad de construcción naval, en una política contraria a la que lleva a cabo, por ejemplo, en Marín. Los sindicatos y organizaciones como Asime también defienden esta vía, mientras que la logística ha reivindicado su necesidad de ganar espacios para seguir medrando.

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