Los juzgados de Primera Instancia de Vigo vieron en 2019 como su actividad se disparaba un 30%. Estas cifras altas de litigiosidad se mantuvieron en 2020. Y en lo que va de año la tendencia continúa al alza. Con este escenario, los magistrados civiles han acordado elevar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la solicitud de un tribunal de refuerzo completo que ayude a tramitar el aluvión de procedimientos que están recibiendo: las demandas presentadas por los fondos buitre o los asuntos de tarjetas revolving o microcréditos, entre otros, no dan tregua. Precisamente, la petición se abordará hoy en la Comisión de la Sala de Gobierno del alto tribunal gallego.
Los saturados juzgados civiles –a día de hoy son 11 los tribunales que llevan asuntos ordinarios ya que otros tres están especializados en Familia y uno más está destinado a cláusulas suelo– cuentan desde marzo con el apoyo de dos juezas en prácticas procedentes de la 70 promoción de la Escuela Judicial. Pero tanto los magistrados como los letrados de la Administración de Justicia advirtieron de que esta ayuda no resultaba suficiente dada la enorme carga de trabajo y que lo que se necesitaba a mayores era una sala de refuerzo completa. Los sindicatos también plantearon esta demanda en varias ocasiones. Y la solución a priori parece fácil, ya que lo que se propone es transformar el actual juzgado de apoyo laboral –que concluye su labor en julio– en uno dedicado a civil.
Pues bien, con esta idea como base, los magistrados de Primera Instancia celebraron este pasado 27 de mayo una junta sectorial virtual presidida por el juez decano vigués, Germán Serrano, en la que se aprobaron por unanimidad las normas de funcionamiento de esta futura sala de refuerzo transversal para civil que, según aclaran fuentes judiciales, necesita en todo caso de forma previa el visto bueno del TSXG, que precisamente abordará hoy esta cuestión.
¿Y qué es lo que plantean los jueces? Pues según el acuerdo adoptado en dicha junta, junto a una magistrada de adscripción territorial (JAT), la sala estaría formada por un letrado de la Administración de Justicia y ocho funcionarios –cinco pertenecientes al servicio de apoyo al decanato vigués y tres más que se solicitarían a la Xunta–. El acta establece que dicho refuerzo comenzaría a funcionar el 1 de septiembre de este 2021 y asumiría 110 asuntos mensuales entre monitorios, verbales y ordinarios –cada uno de los juzgados le repartiría 10–, si bien tanto el número como la clase de causas podrían ser revisadas en cualquier momento.
Casi 1.200 casos por sala
La entrada media de demandas en cada uno de estos tribunales fue en 2020 de 1.175 casos sin contar ejecuciones. De ellos casi la mitad –613– fueron monitorios, un tipo de procedimiento para reclamar deudas que está usando de forma masiva por ejemplo los fondos buitre y que se constituye sin duda como el pleito estrella en esta jurisdicción. En cuanto a los datos de este 2021, entre el 1 de enero y el 27 de mayo estas salas mantuvieron su alta litigiosidad: durante ese período cada una registró 561 pleitos, de los cuales 248 fueron monitorios.
Otra cuestión que se hace constar en el acuerdo elevado al TSXG es que junto a la fase de enjuiciamiento y sentencia de los procedimientos, la sala de refuerzo también se encargará de la tramitación de la fase de ejecución y de los recursos que se planteen en cada uno de esos expedientes.
La puesta en marcha de este juzgado de apoyo se encuentra ahora a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Xustiza. Todo apunta a que este alto tribunal será favorable a la habilitación del refuerzo, dado que, entre las necesidades que ha detectado para Galicia para este año, se encuentra precisamente la creación definitiva de un nuevo tribunal de Primera Instancia en Vigo.
El complicado reto del expediente digital en los tribunales: “Imprimimos más papel que antes”
Alternativas na Xustiza denuncia que el “papel 0” es especialmente difícil en las salas contenciosas, por los voluminosos expedientes de los concellos
Los juzgados llevan años inmersos en el reto del “papel 0” y el expediente digital. Pero la realidad es que aún falta mucho para que esa digitalización sea plena, ya que los pleitos siguen inundando las oficinas, los despachos e inclusos los pasillos de muchos tribunales. El sindicato Alternativas na Xustiza denunció ayer esta situación: “Lejos de desaparecer, los expedientes de papel aumentan; e imprimimos más que antes”. Y avisan de que en la futura Ciudad de la Justicia, pensada para ese “papel 0”, “apenas hay sitio” para archivar litigios: “Eso va a ser un gran problema”.
El sindicato responsabiliza de que no se haya avanzado más en la digitalización tanto al Ministerio de Justicia como a la Xunta. Uno de los grandes problemas, que achacan al primer organismo, son las limitaciones técnicas del sistema telemático Lexnet: tiene una capacidad de 15 MB para la documentación saliente de los juzgados (sentencias y otro tipo de resoluciones) y de 30 MB para que abogados, procuradores y organismos públicos externos remitan los escritos u otra documentación que deben presentar en los tribunales. Capacidades que muchas veces no resultan suficientes. Y esta situación se agrava en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en los que los expedientes administrativos, sobre todo los de urbanismo, son “muy voluminosos”. Muchos ocupan “varios tomos” y se presentan en la sala en “formato papel”.
Al respecto de este problema, Alternativas na Xustiza pide a la Xunta que contacte con ayuntamientos y diputaciones para “formar” al personal de estas instituciones para que haga el traslado electrónico de estos expedientes usando herramientas como InSide. También solicita formación para los funcionarios judiciales.
