La pandemia y especialmente el confinamiento han llevado a muchas personas a querer buscar un mayor confort en sus domicilios tras estar tanto tiempo encerrados. No son pocos los ciudadanos que han decidido mudarse a pisos más amplios y, los que se lo pueden permitir, a una casa, es decir, a una vivienda unifamiliar. En este tipo de inmuebles de Vigo precisamente se está viviendo en los últimos meses un auténtico bum en la instalación de ascensores. “La tendencia general es buscar una accesibilidad total y que por tanto no haya ningún escalón en la vivienda”, explica Eduardo Herrera, delegado para Galicia de General Elevadores.
Los factores que han impulsado a este fenómeno para el montaje de elevadores en chalés son esa búsqueda del máximo confort y accesibilidad, unida al envejecimiento de la población, que cada vez es más dependiente y que por lo tanto necesitan ayuda si viven en una vivienda con varias plantas, en la que debajo suele estar la cocina, el comedor y el salón y los pisos superiores acoger las habitaciones y otras dependencias. Precisamente en General Elevadores están aumentando considerablemente las ventas de su elevador conocido como domovil, un ascensor de velocidad reducida para casas de hasta cinco alturas y un máximo de quince metros de recorrido. Se trata de un modelo con capacidad para cinco personas o para una con silla de ruedas más un acompañante.
La instalación de este tipo de ascensores en viviendas unifamiliares que unen las distintas plantas de la casa es habitual fuera del centro urbano. Especialmente en parroquias como Alcabre, Saiáns, Cabral, Beade o Coruxo. Hay que apuntar que la instalación del elevador en sí no llega a la mitad del coste de la instalación. El resto responde a la obra necesaria que hay que acometer para el montaje del ascensor. En función de las plantas de la vivienda especialmente y del recorrido necesario, y también de la complejidad de los trabajos que haya que realizar, supera los diez mil euros. El coste medio en un chalé de dos plantas puede rondar los 12.000.
Pero no solo en estas casas unifamiliares se están acometiendo obras para mejorar la accesibilidad. También en los edificios. Porque el envejecimiento poblacional afecta también a las comunidades de vecinos, que en los últimos meses han encargado la renovación de ascensores que estaban en un estado precario y no se adaptaban a las circunstancias actuales. “Era imprescindible la rehabilitación de muchos de ellos por temas de accesibilidad, especialmente para personas que van en silla de ruedas”, apunta Luis Varela, trabajador de Ascel Elevación, empresa viguesa de instalación de ascensores.
Hay que recordar también que en septiembre del año pasado el Concello de Vigo aprobó la ordenanza municipal que permite el montaje de elevadores en las fachadas de los edificios, especialmente para aquellos que no pueden hacerlo en su interior, ayudando en gran medida a vecinos de edad avanzada que se enfrentan a dificultades para salir a la calle por las escaleras.
Las sillas de ruedas y andadores, sin prescripción médica
Los diferentes establecimientos ortopédicos de la ciudad están notando cómo en los últimos meses, especialmente debido a la pandemia y la reducción de las consultas presenciales en los centros de salud, los clientes que adquieren andadores o sillas de ruedas no lo hacen por prescripción médica, sino que se lo tienen que pagar de su propio bolsillo. Por eso han notado un descenso de la venta de este tipo de productos pese a que con el envejecimiento de la población todo apunta a que cada vez son más las personas que necesitan ayuda para caminar. “El mercado está muy a la baja. Ahora mismo si alguien necesita o quiere comprarse una silla de ruedas, tiene que pagarlo con su propio dinero”, explica Ana Gómez, que trabaja en el centro ortopédico Muñoz, ubicado en Gran Vía. Hay que tener en cuenta que una silla de rueda manual básica, con reposapiés, ronda los ochenta euros, mientras que una eléctrica supera ya los quinientos euros y puede rondar los mil. Respecto a los andadores con ruedas, se pueden conseguir en este tipo de tiendas por unos sesenta euros. Los centros ortopédicos de la ciudad señalan que el descenso de las prescripciones médicas para que este tipo de productos sean cubiertos por la Seguridad Social ha provocado que personas que los necesitan para caminar en lugar de comprar una silla o andador nuevos, o no lo hacen o lo piden prestado a alguien conocido.
