Devolver el valor ambiental y patrimonial a inmuebles y construcciones tanto públicas como privadas que se levantan en la zona de dominio público marítimo terrestre, es el objetivo que persigue la Xunta de Galicia al promover un cambio en la actual Ley de Costas estatal que permita revitalizar, recuperar y evitar el abandono que sufren muchas de estas edificaciones. La propuesta es doble: reconocer la analogía entre uso residencial y hostelero, y extender el régimen de los Bienes de Interés Cultural, (BIC), a fin de recuperar construcciones.
El objetivo, según Medio Ambiente, es devolver su valor patrimonial a conserveras, salazones, faros, fábricas abandonadas al borde del mar, molinos, pazos o conjuntos de construcciones singulares y facilitar y agilizar obras de reforma y rehabilitación, ralentizadas por los trámites exigidos por Costas en la actualidad, para que puedan destinarse a usos hosteleros o turísticos, tanto privados como públicos.
El catálogo de bienes en servidumbre de protección elaborado por la Xunta de Galicia identifica 361 inmuebles de valor patrimonial, ambiental y arquitectónico en los 1.500 kilómetros del litoral gallego, de los que 22 se ubican en la Ría de Vigo. Así, en el municipio de Vigo se incluye el edificio del Club de Remo de A Punta en Teis que es de propiedad privada, y también el faro de A Punta, de titularidad pública y que se levanta sobre una construcción de 1884 pero reformado en 1950. El edificio de la carpintería de ribera de camiño Laranxo, dentro del sistema del puerto de Vigo, y la finca Zulueta de Alcabre, propiedad de Zona Franca y transferida a la Xunta para construir el centro de arqueología subacuático de Galicia sin que a día de hoy se haya iniciado su construcción, completan los inmuebles a proteger en la costa del municipio.
En la costa del Morrazo, frente a Vigo, el catálogo de bienes a proteger incluye dos inmuebles en Moaña. La fábrica de Verdeal de Domaio, de titularidad privada, y el conjunto de viviendas y pequeños astilleros de A Seara. Se trata de construcciones independientes pero de idénticos volúmenes con un estado de conservación irregular.
Redondela es uno de los municipios con más inmuebles a proteger, incluido el edificio que acoge la casa consistorial. Las ruinas de la conservera Virci con su rampa de acceso al mar en Arealonga; el conjunto de edificaciones de la industria metalúrgica de A Portela y las viviendas que siguen en uso; la fábrica de Pontesa cerrada en 2002, la salazón Salgadeira en Punta Portela con rampa de acceso al mar y muelle de amarre o la fábrica de salazón José y Bao, parcialmente en ruina, se verían beneficiados con la modificación de la Ley de Costas.
Una de las principales construcciones a proteger por su valor patrimonial y arquitectónico es el Real Monasterio de Oia que perteneció al Císter y está situado en el dominio público marítimo terrestre y por tanto competencia del Estado aunque de propiedad privada.
Sigue abandonado a la espera del impulso del proyecto que debería convertirlo en punto de referencia hostelero y turístico. En el mismo municipio resalta también la casa donde se ubicaba el antiguo Concello de Oia, actual equipación cultural y en A Picota el conjunto de viviendas de la calle Vicente López, simétricas y de uso residencial privado.
Ya en Baiona, merecen atención los molinos de Rocamar, con uso de equipamiento cultural y de titularidad privada, y la Casa de Cadaval, en A Ramallosa, un pazo privado y con uso de hostelería que consta de tres pequeñas edificaciones de mampostería de granito que se encuentra en buen estado.
En A Guarda se consideran elementos a proteger el molino de viento de O Puntal de propiedad privada y con uso hostelero, así como el de Peneiras, que está en ruina. También se incluye la casa tradicional de la rúa dos Malteses, una vivienda singular de titularidad privada. Ya en el municipio de O Rosal se suma la antigua fábrica de tejas Candeiras en San Miguel de Tabagón.
