La Xunta ha comunicado al Concello el inicio del proceso de compensación de deuda para detraer a la administración local algo más de 884.000 euros, que se corresponden con los gastos de las acometidas para dar servicio al Hospital Álvaro Cunqueiro y que, según un convenio firmado en 2006, eran obras que tenía que hacer el Ayuntamiento pero que ejecutó finalmente el gobierno gallego.
Según explicó hoy el alcalde, Abel Caballero, el convenio al que alude la Xunta –firmado por Corina Porro en 2006– fue denunciado y anulado, y criticó que ahora el gobierno gallego quiera detraer esos 884.000 euros por obras “de un hospital que es de un fondo francés que se dedica al pelotazo”. “Señor Feijóo, ¿se está usted riendo de la ciudad? Yo no voy a pagar nada de ese hospital”, advirtió.
La Xunta detraerá esa cantidad “por la vía ejecutiva”, es decir, lo descontará de las partidas presupuestarias que “debe” a la ciudad. “Este es el moderado Feijóo. Esto lo hace con Vigo, con Santiago y A Coruña no”, sentenció.
En 2006 la entonces alcaldesa de Vigo, Corina Porro, firmó un convenio con la Xunta, gobernada por PSdeG y BNG, para que el Ayuntamiento de Vigo se hiciese cargo de las acometidas (electricidad, agua, gas, etc.) que darían servicio al llamado "cuarto hospital" de la ciudad.
En los años siguientes, se desarrollaron los trámites necesarios para realizar la obra de construcción, incluidas las expropiaciones y la declaración del interés supramunicipal, y se empezó a edificar el hospital. Pero a la hora de realizar las obras pactadas, el Ayuntamiento alegó dudas sobre la legalidad del convenio y la existencia de una obligación legal de realizar esas acometidas.
De hecho, Abel Caballero, que entonces ya estaba en la alcaldía, afirmó públicamente que rechazaba el convenio y que la competencia de las obras del hospital en su totalidad era de la Xunta. Así, en enero de 2013 la Xunta instó al consistorio a cumplir el convenio debido al avance de las obras del hospital, un requerimiento que fue rechazado por acuerdo de Junta de Gobierno Local.
Ante esa posición, la Xunta dio por resuelto el convenio y se acogió a una de sus cláusulas para reclamar indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios causados, al tiempo que el propio Sergas se hizo cargo de las obras de las acometidas. Esas obras tuvieron un coste de 1,1 millones de euros, de los que Zona Franca pagó algo más de 220.000 euros, en virtud de un acuerdo con la Xunta, y en el marco de una actuación para mejorar las acometidas del parque empresarial de Valladares.
En 2016, la Xunta se dirigió al Ayuntamiento para reclamar el pago de esa obra y advirtió de que, en caso de no atender el requerimiento, se iniciaría el proceso para compensar esa deuda con la participación que le corresponda a la administración municipal en el Fondo de Cooperación Local y posterior retención de las entregas a cuenta.
El Ayuntamiento olívico rechazó el requerimiento en un acuerdo de Junta de Gobierno y, según figura en el expediente municipal, la administración autonómica no presentó recurso contra dicho acuerdo. Ahora, cinco años después, la Xunta reactiva el proceso y notifica el inicio del procedimiento de compensación, dando un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
