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De las preferentes a los microcréditos: una década de coto judicial a los abusos bancarios

Imagen de archivo de una manifestación en 2013 en Vigo de afectados por preferentes. // RICARDO GROBAS

David Alfaya retrocede algo más de diez años en el tiempo. Lo hace para recordar el caso de un vigués que fue a su despacho porque estaba interesado en litigar contra un banco. Se sentía engañado en relación con un producto financiero que tenía contratado, un swap. “Le dije que no había nada que hacer; en aquella época los pleitos contra las entidades bancarias eran casos perdidos”, explica. Hoy el panorama es radicalmente distinto. Y si no que se lo digan a este abogado vigués, que pasó de ver nulas opciones en este tipo de demandas a dirigir un despacho especializado en reclamaciones bancarias que lleva con éxito casos en toda España. Y es que en la última década los juzgados del conjunto del país, y también los de Vigo, han recibido una avalancha sin precedentes de litigios contra bancos y entidades financieras. El fenómeno se disparó en 2013, con esa marea amarilla de afectados por preferentes que, con lucha y tesón, logró ganar la batalla en los tribunales. Y no se quedó ahí. Junto al clamor social, las reformas legales y sobre todo la jurisprudencia que ha ido marcando Europa han resultado claves para que en los últimos años se pusiese coto judicial a todo tipo de productos complejos, así como a las cláusulas abusivas de las hipotecas y de otra clase de préstamos y contratos.

Manuel Almenar

"Las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron claves en la protección del consumidor"

Manuel Almenar - Magistrado

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Hay un acontecimiento clave para explicar el escenario actual. La crisis de 2008. “Todo surge a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera; la crisis tiene un impacto brutal en la economía del país y salen a la luz las deficiencias del funcionamiento del sistema bancario, se detectan las malas praxis”, resume Manuel Almenar, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Aunque había empezado antes, fue en 2013 cuando el clamor social se disparó contra los bancos. Por un lado salía a la luz la comercialización de productos financieros en condiciones muy dudosas, sin informar al consumidor de la naturaleza y consecuencias de esos contratos: es el caso de las archiconocidas participaciones preferentes, pero también de las subordinadas, los swaps, de ciertas ampliaciones de suscripción de capital... Y al mismo tiempo, esa fue la época en que la sociedad se rebeló contra el auge incesante de los desahucios. El drama era tal que los magistrados también alzaron la voz para reclamar soluciones.

David Alfaya

"Hace diez años poco se podía hacer en un juzgado frente a un banco; esto cambió de forma radical"

David Alfaya - Abogado

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Y, con este contexto de fondo, fue entonces cuando las cláusulas abusivas que hasta entonces inundaban sin sonrojo todo tipo de préstamos se toparon con el sistema judicial. Hubo reformas legales, pero en palabras de Almenar lo que “de verdad” provocó un “seísmo” en la “interpretación y aplicación” de la normativa de protección de consumidores fue la jurisprudencia marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la luz de la directiva 93/13/CEE. Algunas más que otras, pero las “sucesivas sentencias” que fueron llegando desde Luxemburgo resultaron claves para que los ciudadanos empezaran a ganar la batalla a los bancos.

Eugenio F. Míguez Tabarés

"Los jueces tenemos la obligación de examinar la posible existencia de cláusulas abusivas"

Eugenio F. Míguez Tabarés - Magistrado

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Algo en lo que coincide el también magistrado Eugenio Francisco Míguez Tabarés. “El TJUE abrió el camino, el Tribunal Supremo fue detrás y finalmente los juzgados acabamos aplicando esa jurisprudencia en nuestras resoluciones”, afirma. Precisamente a raíz de la doctrina europea –y un cambio legal– los jueces tienen “la obligación” de examinar la posible existencia de cláusulas abusivas en un préstamo. Él mismo elevó a Europa una cuestión prejudicial que dio lugar a una sentencia clave sobre este control judicial en los monitorios europeos que usan los “fondos buitre”.

Suelo hipotecario... y mucho más

Sin duda, la condición bancaria que ha dado lugar a más pleitos es la del suelo hipotecario. En Vigo cuatro magistrados se encargan todavía hoy de resolver las miles de demandas presentadas. Pero hay más cláusulas o comisiones a las que se les han puesto límites. La lista es interminable: desde las más conocidas como el vencimiento anticipado, los intereses moratorios excesivos o los gastos hipotecarios, hasta otras como la del redondeo al alza o la del año comercial. El abogado Santiago González Méndez, por ejemplo, acaba de ganar un asunto de vencimiento anticipado contra un fondo buitre que reactivó un caso que llevaba años parado: un juzgado de Vigo ha declarado nula esta cláusula y archiva la ejecución hipotecaria de una casa donde reside una familia. Una victoria más para los consumidores. “Desde hace poco tiempo los jueces, con el simple hecho de que declaren una cláusula abusiva, estiman que el título ejecutivo es nulo en su totalidad y acuerdan el sobreseimiento”, resume este letrado.

El aluvión de demandas contra bancos, financieras y ahora también contra “fondos buitre” continúa. “Aún queda mucho por reclamar”, opina el abogado David Alfaya. En la actualidad, mientras se van agotando por fin los pleitos de cláusulas suelo, abundan sobre todo los de gastos hipotecarios y los de tarjetas revolving y microcréditos, donde directamente se ven condiciones que llegan a la usura. El fenómeno nacido hace una década no tiene –por ahora– fin.

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