El cultivo particular de cannabis y marihuana se ha disparado el último año en Vigo y provincia. Del millar de plantas intervenidas por las fuerzas de seguridad en todo 2019 se pasó a la cifra récord de 10.000 plantas un año después, de las que 3.500 fueron incautadas en zonas rurales del área de Vigo, según datos de la Subdelegación del Gobierno. Macetas, huertas particulares o terrenos en medio del monte sirven para poner en marcha plantaciones de distintos tamaños. Expertos del Ministerio de Interior atribuyen la situación a que con la pandemia se ha disparado la demanda, pero también a la presión que ejerce la Guardia Civil.
El informe mundial sobre drogas 2020 de la UNOCD, al analizar el impacto del COVID-19 y de las restricciones en los mercados de drogas, apuntaba que con la pandemia había aumentado la demanda de estupefacientes y la escasez en las calles daba lugar al cultivo y al tráfico, así como al incremento en los precios y a una reducción de la pureza. En el caso del cannabis y la marihuana, su consumo se disparó para calmar el estrés durante el confinamiento, y se calcula que uno de cada diez consumidores cultiva y fuma su propia producto.
El confinamiento
El confinamiento, las restricciones de movilidad y el toque de queda han favorecido también un importante recorte en el número de infracciones administrativas respecto al año anterior y por tanto en las multas de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, la popularmente conocida como “ley mordaza”.
Las casi 2.900 denuncias presentadas por distintos motivos en Vigo y su área a lo largo de 2019, se quedaron entorno a 1.500 un año después. Los ingresos a nivel provincial por las multas bajaron de 4,7 millones a 3,6 millones.
Denuncias consumo de cannabis en la vía pública
No obstante, nueve de cada diez denuncias de 2020 corresponden a la tenencia y consumo de estupefacientes, fundamentalmente cannabis y marihuana, en la vía pública. Considerada una infracción grave se mantiene como principal fuente de recaudación de la ley de seguridad ciudadana. En la provincia de Pontevedra, en total, se tramitaron 3.445 expedientes por este motivo, de los que más de un millar corresponden a Vigo y su área, frente a los 4.347 del año anterior.
Después de la tenencia y consumo de drogas en la vía pública, las sanciones más habituales impuestas, a propuesta de las fuerzas de seguridad, por la Subdelegación del Gobierno que dirige Maica Larriba, son aquellos delitos o directos contra la seguridad ciudadana, que en el caso de Vigo y su área superaron el centenar, seguidos por los delitos relacionados con la tenencia ilegal de armas, que también ronda el centenar de expedientes. Con menor incidencia se sitúan las sanciones y multas por tenencia ilegal de explosivos o elementos pirotécnicos, infracciones de extranjería y multas por irregularidades en cuestión de seguridad privada.
15.000 denuncias por incumplimientos COVID
El año 2020 ha sido también excepcional por el COVID-19 y las medidas adoptadas durante la pandemia. En total se recibieron en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra en torno a 15.000 denuncias por incumplimientos de la normativa sanitaria y se han tramitado 6.000, un tercio de ellas corresponden al área de Vigo.
La “ley mordaza” tipifica como delitos un total de 44 conductas y establece multas de 100 a 600.000 euros. Faltas de “respeto” o de “consideración” a agentes de la Policía o la Guardia Civil, negarse a identificarse, manifestarse a las puertas del Congreso, el Senado o de los Parlamentos autonómicos “si se perturba la seguridad”, portar armas prohibidas, solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en lugares públicos...
La provincia de Pontevedra, hasta la llegada de la pandemia, era la provincia gallega con mayor número de denuncias relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana.
Multa de 600 euros llevar una ‘china’ en el bolsillo
A la gran mayoría de infractores de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se les imputa por posesión de drogas, mientras que una minoría es sancionada por cultivo, preparación o fabricación o delitos de tráfico ilegal según el Código Penal. La multa por fumarse un porro en la calle o en un establecimiento público es de 600 euros, pero según la situación puede ser mayor; también hay sanciones para los dueños de los locales.
