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La apuesta de Érguete: no a la cárcel, sí a la educación

Elvira Rivas y Ana Vázquez, en la sede de Érguete Pablo Hernández

“Los trabajadores de Érguete muestran preocupación por tu situación, te ayudan, logras tener una rutina... hay cercanía y se crea una pequeña familia. No es lo mismo que te tiren la manta para que te tapes que te la tiren y te tapen. Hay que dar segundas oportunidades y tener en cuenta no solo el delito, sino también las circunstancias”. Es el testimonio de D.P., usuario del Programa de Formación e Integración Social (PFIS) de la Asociación Érguete, que busca que el sistema judicial apueste por medidas alternativas a entrar en prisión, es decir, que la sanción sea más educativa que punitiva en el caso de personas –tanto menores como adultos– que tienen adicciones. Desde 2008, año en el que empieza esta iniciativa, se han beneficiado medio millar de ciudadanos en la urbe olívica.

Con el claro objetivo de invitar a los abogados a tener en cuenta esta opción y perseguir que se fomente mucho más en Vigo, el equipo de la entidad se ha puesto en contacto con estos profesionales y les han enviado cartas a los Juzgados para presentar el programa. Y es que, dada la experiencia de la asociación trabajando tanto con personas que se benefician de realizar actividades alternativas a prisión como con otras que están en la cárcel, tiene claro que la mejor decisión para los afectados y la sociedad es dedicar todos los esfuerzos a la educación frente a la sanción para ofrecer un contexto de apoyo.

“Se adapta el programa a las capacidades del usuario, no hay uno estándar"

Ana Vázquez - Educadora social de Érguete

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“Después de pasar por el programa, hay una disminución de la conducta problemática y la persona sale reforzada; apenas hay reincidencia. Nos centramos en los factores que motivan la conducta delictiva y el consumo”, cita Ana Vázquez, educadora social del programa PFIS, quien explica que, en el programa, se trabaja con la suspensión de condena, la sustitución de penas por multas y el trabajo en beneficio de la comunidad. “Se adapta el programa a las capacidades del usuario, no hay uno estándar. Una chica, por ejemplo, elaboró una guía de recursos de la ciudad destinada a personas que están en situación de exclusión social para tener acceso a los recursos más importantes. Otras personas hacen tareas administrativas o de atención al público. Siempre buscamos que sean actividades donde la persona se sienta útil, haya interacción con gente y realice algo positivo para la sociedad”, señala.

Elvira Rivas, coordinadora de Érguete, precisa que, cada año, crece el número de beneficiarios, cuyo perfil es el de un hombre con un historial delictivo que no es amplio y muestra interés por cambiar su situación. “Cuando te conceden la suspensión de condena, la medida que te ponen es la de no cometer delitos en un periodo determinado. Si en ese tiempo no haces nada, es fácil que, al acabarse, vuelvas a cometer el delito”, expone antes de apuntar que los usuarios pueden comenzar en el programa incluso antes de que se celebre el juicio: “Eso permitirá demostrar al juez que el acusado lleva un tiempo trabajando en el motivo que le llevó a realizar el acto delictivo. Su estancia se prolonga, al menos, durante el tiempo de condena; después, continúa el vínculo con la asociación”.

En la sentencia de D.P., aparecía que la suspensión de condena estaba ligada a la realización de un programa de inserción social. Precisamente, es esto lo que la Asociación Érguete pretende con esta iniciativa. “Ayuda a reforzar la inserción de las personas y garantiza un seguimiento mucho más concreto y beneficioso”, explican Rivas y Vázquez. Da fe de ello D.P., que agradece la oportunidad que le brindó Érguete para reconducir su vida y lograr su desarrollo personal. “Es muy satisfactorio. He hecho actividades de cambio personal, autoestima, familia, valores... para conseguir estabilidad y tomar un camino que me permita desarrollarme. La suspensión la acabé hace un mes, pero sigo vinculado a la asociación y vengo de vez en cuando tanto para ayudar en algunas tareas como para el seguimiento. Es algo que recomiendo totalmente”, relata.

“La cárcel es una universidad del crimen”

Uno de los abogados que se muestran encantados con el proyecto de Érguete es Roberto Blanco. Recuerda que los requisitos que se exigen para que el juez pueda acordar la suspensión de la pena privativa de libertad se encuentran en el artículo 80.5 del Código Penal. Son tres: que la condena no supere los cinco años, que el hecho delictivo se hubiera cometido como consecuencia de la dependencia y que se certifique suficientemente que el condenado está deshabituado o sometido a tratamiento de deshabituación.

“No tiene nada que ver que una asociación haga un seguimiento de la deshabituación, que incluye charlas, entrevistas o actividades, con la condena de privación de libertad en un centro penitenciario, que son universidades del crimen. Sé que Érguete es una referencia en Vigo, entonces, si detecto que mi cliente puede trabajar con esta entidad, trato de buscarle una solución para que así sea. Veo que los resultados son positivos. Solo puedo hablar maravillas del programa, es muy sano para los usuarios y mucho mejor para reinsentarse”, anota.

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