Se esperaba un aluvión de demandas. Pero, al menos por ahora, no han llegado. Y ello pese a que se están dando todas las circunstancias favorables para que se produjese esta presentación masiva de reclamaciones judiciales. Una de las previsiones que había derivadas de las consecuencias del COVID-19 era que los dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vigo se iban a enfrentar a toda una avalancha de procedimientos por los recursos de los ciudadanos que resultaron sancionados debido a las restricciones impuestas por el coronavirus: desde la obligación de quedarse en casa durante el estricto confinamiento domiciliario hasta otras normas como las relativas a las mascarillas, el toque de queda o los cierres perimetrales. Pero contra todo pronóstico estos pleitos apenas están llegando. Desde que arrancó la pandemia solo se registraron unos 40 procedimientos de estas características. Una situación que extraña por el hecho de que, salvo alguna excepción, los magistrados están siendo contundentes a la hora de anular estas multas y dejarlas sin efecto.
La última sentencia se conoció esta semana. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 concluye que los concellos eran incompetentes para multar por no llevar mascarilla en la vía pública hasta febrero de este año, concretamente hasta la reforma de la Lei de Saúde de Galicia. Pero hubo muchos más fallos favorables a los ciudadanos. Porque por ejemplo las denuncias impuestas durante el estado de alarma que estuvo en vigor entre marzo y junio de 2020 tampoco pasaron el filtro judicial. Los dos magistrados vigueses concluyeron que el mero incumplimiento de las restricciones no podía ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia del artículo que se aplicaba de la Ley de Seguridad Ciudadana: solo sería sancionable si hubiese un requerimiento expreso del policía para que esa persona acatase las limitaciones del estado de alarma y, pese a ello, desatendiese el requerimiento.
Las tesis expuestas en sus sentencias por los jueces de la urbe olívica fueron incluso citadas por juzgados de otras partes de España, como Valladolid y Bilbao, para anular también allí sanciones.
Coste
Con la excepción de un asunto en que se confirmó la multa por una desobediencia reiterada, en el resto de casos los juzgados de Vigo han anulado las denuncias. Fuentes judiciales creen que la gente no se anima a demandar por el coste del abogado y procurador –frente a los 300 euros que supone el pronto pago de estas sanciones– o quizás porque aún están en la vía administrativa previa. “O a lo mejor los ciudadanos tienen miedo de que los jueces cambien su criterio”, argumentan.
Lo cierto es que esto contrasta con las miles de multas impuestas. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra tramitó hasta hoy en la provincia 8.849 expedientes solo del primer estado de alarma: en el período reducido al 50% pagaron 2.235 y a 1.024 se les exculpó en esta vía administrativa al aceptarse las alegaciones que formularon.
