“Una conducta violenta, agresiva e irrespetuosa” que está documentada en un informe policial y que resulta “radicalmente incompatible” con la tenencia de armas de fuego. Es uno de los principales argumentos que valora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una sentencia en la que desestima la demanda presentada por un hombre contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra revocatoria de la licencia de armas tipo E de la que disponía. El recurrente tuvo la condición de detenido e investigado judicial en un caso de violencia de género. Y aunque la causa penal fue archivada dicho sobreseimiento, concluyen los magistrados, no afecta a la “valoración administrativa” de cara a la licencia. Porque lo cierto, dicen, es que pese a no ser suficiente para acreditar el delito, el parte policial sí denota “una sospecha fundada de una actitud agresiva o peligrosa” de este varón “para con los demás” que provoca que el mantenimiento de la licencia genere un riesgo “superior a lo tolerable”.
Los hechos se remontan a 2017. En su demanda el recurrente expone que era titular de las licencias de armas tipo D y E, y propietario de dos escopetas y un rifle, porque es cazador. La Subdelegación del Gobierno le incoó un expediente por el que le revocó la licencia tipo E pese a que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, alegó el hombre, sobreseyó en firme el procedimiento que había abierto contra él y expidió un oficio a la Guardia Civil a fin de que le devolvieran las armas que se le habían intervenido a raíz de esta causa penal.
Pues bien, tras un largo recorrido judicial, el TSXG, en una reciente sentencia, ratifica la retirada de la licencia de armas. Todo tiene su origen en la detención del hombre, en junio de 2017, como presunto autor de un delito de violencia de género a su esposa. El atestado policial de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán refleja que la víctima relató que su marido la golpeó en cara y cuerpo y describe que un hijo del matrimonio lo tenía sujeto cuando llegaron los agentes. Según dicho parte, el arrestado afirmó aquél día que le había dado una bofetada a su mujer “para dejar claro quien manda en casa”.
Sin pruebas
Pero el caso sería después archivado al quedarse huérfano de pruebas: la supuesta víctima, el investigado y los hijos de la pareja se acogieron a su derecho a no declarar. Todo esto se relata en el fallo del TSXG sobre la licencia de armas. Pero una cosa es que no haya pruebas para una condena penal, afirma la sala, y otra distinta es la existencia de una “realidad documentada de una intervención policial” que revela una “peligrosidad” y un comportamiento “violento”, expresivo de un “riesgo” para la convivencia social y familiar e “incompatible” con poseer armas.
