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La sentencia de la Audiencia: Audasa carecía de “plena libertad” para reducir los peajes por las obras de Rande

Atascos en la autopista en Rande debido a las obras que se realizaron en el puente.  // FDV

Atascos en la autopista en Rande debido a las obras que se realizaron en el puente. // FDV

El caso de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9 acaba de dar un giro de 180 grados. Ha pasado de protagonizar una histórica sentencia contra Audasa a todo lo contrario. Porque si hace un año el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra condenaba a la concesionaria de la autopista por el cobro abusivo de las tarifas, ahora en segunda instancia, en donde ha tomado la palabra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, los magistrados dan contundentemente la razón a esta empresa: no tenía la “libertad” suficiente para rebajar los peajes. En todo caso, seguramente estos jueces no serán los que tengan la última palabra en el litigio, ya que tanto la Fiscalía como la plataforma de consumidores En-Colectivo valoran ya en firme si seguir su lucha y recurren en casación ante el Tribunal Supremo.

“La sentencia ha sido una sorpresa negativa para todos los gallegos”, valoraba ayer Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, que se adhirió a la demanda de la Fiscalía contra Audasa por los atascos debido a las obras desarrolladas en Rande entre 2015 y 2018. Más de 200 usuarios de la autopista se unieron a la asociación para reclamar los peajes abonados, algo que ahora no podrán hacer a raíz de la sentencia de la Audiencia. En todo caso, En-Colectivo ya estudia con sus abogados si recurrir ante el Supremo. Están a la espera de lo que decida la Fiscalía, pero verían interesante ir al Alto Tribunal ya que este caso, destacan, fijaría jurisprudencia sobre una cuestión que ahora está huérfana de doctrina.

La sentencia deja otra vía abierta, las demandas individuales de responsabilidad civil en reclamación de daños y perjuicios, algo que la plataforma ve “inviable” por el coste para los ciudadanos. No les compensaría pagar a un abogado y un procurador para recuperar cuantías pequeñas de “500, 600 o 700 euros”.

Un precio "predeterminado por la Administración"

Y sobre esta resolución que acaba de dar la vuelta al caso, un argumento clave es el de que “el precio o peaje” que deben abonar los conductores “viene fijado y predeterminado por la Administración” en el contrato de concesión de obra “conforme a criterios técnicos y económicos”. Audasa “no actúa con plena libertad” al estar vinculada a dicho contrato y reglamentación administrativa. Las “limitaciones” provocan que la concesionaria “carezca” también “de libertad” para fijar un peaje superior una vez terminados los trabajos.

Aunque los magistrados indican que “cabría asumir la posibilidad” de que la concesionaria redujese el peaje –las tarifas tienen el carácter de máximas– o realizase bonificaciones, esta facultad no tiene la consideración de práctica abusiva si no la ejerce. No es una “práctica obstruccionista” que “limite los derechos” de los usuarios.

Bruselas “analiza” las prórrogas de la concesión de la AP-9 tras la denuncia de la asociación

La sentencia de la Audiencia de Pontevedra sobre los peajes en la AP-9 ha supuesto un jarro de agua fría para En-Colectivo. “No la esperábamos, sobre todo después de que la sala aceptase como prueba la declaración de afectados por los atascos”, afirma Diego Maraña. Pero junto al hecho de que aún tienen la posibilidad de recurrir ante al Supremo, el presidente de la plataforma destaca que están “muy ilusionados” con otro procedimiento que han impulsado: la denuncia presentada ante la Comisión Europea exponiendo que las prórrogas de la concesión de la autopista gallega a Audasa hasta 2023 y 2048 infringen, dice la asociación, varias directivas de la UE.

La denuncia había sido anunciada a los medios de comunicación en enero de 2020. “Tenemos mucha esperanza en ella; el 90% de los procedimientos que se presentan ante la Comisión Europea se archivan en un plazo de seis meses, y en este caso ya se nos comunicó oficialmente que se están analizando esas prórrogas”, afirma el representante de la plataforma. “Han solicitado al Estado español la documentación de la concesión, lo cual es positivo”, concreta. La demora en la tramitación se debe al COVID. “Lo importante es que si nuestra denuncia prospera, será firme; se derogaría la ampliación de la concesión y la autopista no tendría coste”, concluye Maraña.



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