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El dictamen de los abogados y procuradores: “El Registro Civil debería estar en la Ciudad de la Justicia”

Funcionarios del Registro Civil de Vigo, ante el servicio en los juzgados. |   // ALBA VILLAR

Funcionarios del Registro Civil de Vigo, ante el servicio en los juzgados. | // ALBA VILLAR

La futura ubicación del Registro Civil de Vigo está rodeada de polémica. La firme intención de la Xunta de llevarlo al edificio de la calle San Sebastián del Casco Vello se ha topado de frente con el contundente rechazo del personal de esta oficina, que considera que ese inmueble resulta “inviable” al no adecuarse a la labor que realizan: ni hay espacio suficiente sobre todo para el amplio archivo que usan ni, agregan, los accesos a esa parte alta del barrio histórico son los mejores para la ciudadanía. Las reivindicaciones de los funcionarios cuentan con el respaldo de los colegios de abogados y procuradores, que consideran que lo “idóneo” sería que el Registro Civil se integrase en la Ciudad de la Justicia.

Pese a la situación generada, el gobierno autonómico no tiene intención de cambiar de planes. Al menos por ahora. “El edificio del Casco Vello fue siempre la primera opción para el Registro Civil, que es un servicio administrativo y no tiene que estar con los servicios judiciales”, manifestaron ayer a FARO fuentes de la Dirección Xeral de Xustiza. Frente a las quejas de los trabajadores de que llegar a ese punto de la zona vieja es complicado sobre todo para la gente mayor o para las madres que acaban de dar a luz y van con sus bebés en carrito a inscribirlos, la Xunta afirma que este servicio “necesita de un acceso directo a la calle” que “está garantizado” en ese lugar. “No se barajó nunca la posibilidad de su traslado a la Ciudad de la Justicia”, zanja. Los funcionarios también verían con buenos ojos quedarse en su actual sede en el edificio judicial de calle Lalín.

El Registro Civil se prevé ubicar en el edificio donde está el servicio de notificaciones, desahucios y embargos. El inmueble fue adquirido en 2011 para trasladarlo allí aquel año, pero el retraso de la entrada en vigor de la reforma y otras cuestiones provocaron que la mudanza no llegara a materializarse.

Ahora, cuando los juzgados afrontan un inminente traslado a la Ciudad de la Justicia, este servicio se queda fuera del complejo. “Lo idóneo, siempre que se disponga de espacio en Pizarro, es que, pese a su desjudicialización, el Registro Civil esté en la Ciudad de la Justicia; hay mucha documentación que se usa para pleitos judiciales”, afirma José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores. Lourdes Carballo, decana de los abogados, coincide: “Cuanto más centralizados y cerca estén los servicios, mejor”.

La oficina de Vigo seguirá siendo dirigida por una magistrada

Parece que esta vez sí se materializará la reforma en torno al Registro Civil. La ley actual está vigente desde 1957 y la que va a sustituirla se aprobó inicialmente en 2011, pero la vacatio legis de cara a su entrada en vigor se prolongó la friolera de una década. Durante estos años el cambio estuvo rodeada de polémica, sobre todo cuando se proyectó privatizar el servicio y entregárselo a los registradores mercantiles. Algo que finalmente se descartó.

La reforma supondrá la supresión de los juzgados que históricamente venían realizando esta función y su sustitución por las que se denominarán oficinas generales del Registro Civil. Pese a ello, el servicio seguirá incardinado en la Administración de Justicia, que es precisamente uno de los argumentos que ahora destacan sindicatos como SPJ-USO para exigir que el de Vigo vaya a la Ciudad de la Justicia y no quede aislado en el Casco Vello.

Precisamente ayer la Comisión de Justicia del Senado confirmó la reforma de la ley para enviarla al Pleno de la Cámara Alta con miras a que quede aprobada antes del 30 de abril, fecha límite para la entrada en vigor del nuevo modelo registral, que arrebata el control a los jueces y se lo da a los letrados de la Administración de Justicia. En todo caso en Vigo la oficina seguirá dirigida por la actual magistrada, hasta que se jubile, porque así se prevé por ocupar ya el puesto cuando en 2011 se impulsó la ley.

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