La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió esta mañana la vista de conformidad por el caso descubierto en la urbe olívica del que fueron víctimas siete asistentas de hogar, que fueron captadas por una pareja para después someterlas a perversas maquinaciones sexuales. El hombre no se sentó en el banquillo porque falleció al lanzarse al vacío desde su vivienda precisamente cuando fue el registro policial y judicial. Sí compareció como acusada su viuda, Mónica Y.Q.P., de origen panameño, que aceptó una condena de 9 años de cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado de forma previa entre las acusaciones y la defensa. La pena finalmente impuesta supone una considerable rebaja con respecto a lo que inicialmente se pedía: la Fiscalía solicitaba que esta mujer fuese condenada a 37 años de cárcel y la acusación particular elevaba la solicitud hasta los 53.
Los términos de la condena dictada in voce en la propia sala fueron los siguientes: la acusada aceptó ser condenada a 9 años de cárcel (un año por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual; cinco meses por un delito de agresión sexual; tres meses por el delito de coacciones; tres años más por el delito de trata; y cuatro meses por el delito contra los derechos de los trabajadores), así como al pago de una multa de 180 euros por un delito leve de maltrato. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a cada una de las víctimas de los cinco delitos de abuso sexual con 1.000 euros. Además, indemnizará a otras dos víctimas con 6.000 euros a cada una.
El matrimonio, que vivía en Castrelos, captó a las mujeres con un anuncio en el que decían buscar empleada de hogar interna. Entre los hechos que se les atribuyen, obligaron a las víctimas a pasar por una “exploración vaginal” diciéndoles que era un trámite “necesario” para trabajar en España. A dos de ellas les exigieron además trabajar en tanga.
Empleadas de hogar reclaman justicia
Nueve asociaciones de empleadas del hogar de varios puntos de España reclaman justicia para siete víctimas de abuso sexual de este matrimonio. "Las condiciones de abuso sexual y explotación laboral siguen a la orden del día, sobre todo para aquellas mujeres empobrecidas que no cuentan con un permiso de residencia en España y que trabajan como internas, lo que las vuelve el blanco perfecto para toda clase de abusos", indica en un comunicado la presidenta de la asociación Por ti Mujer, Lucy Polo.
Las integrantes de ese colectivos están "cansadas de que estas situaciones queden en la impunidad", advierte Polo cuya asociación expresa su indignación por el maltrato y pide justicia y reparación para todas las víctimas, además de exigir al Estado mecanismos más efectivos de protección para evitar que sigan ocurriendo delitos "tan graves como estos".
La asociación reclama garantizar la protección social, sanitaria, jurídica y de asistencia a las víctimas, así como el cumplimiento del denominado Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, llamado Convenio de Estambul sobre prevención y lucha frente a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica adoptado por los países del Consejo de Europa.
Además, hace un llamamiento al movimiento social, antirracista y feminista para que se sume al repudio de estos crímenes ante el inicio del juicio este semana sobre esas agresiones en Vigo entre marzo y octubre de 2019.
