El sindicato Alternativas na Xustiza ha solicitado la puesta en marcha de un servicio común de videoconferencia y digitalización y que esta oficina se dote del número de funcionarios necesarios para llevar a cabo tanto la parte técnica como procesal de estas declaraciones. Afirma que hay una partida de fondos de la UE. El objetivo es evitar que se suspendan juicios o se anulen estas conexiones.
