Salvo contadas excepciones, los casos de maltrato que acaban en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo llegan a través de un atestado policial: de la Policía Local o Nacional si la agresión física y/o psicológica se produce en el municipio olívico y de la Guardia Civil si ocurre en alguno de los municipios del Val Miñor, territorio que también es competencia de esta sala. Concretamente, este fue el origen del 96,8% de las 871 denuncias contabilizadas a lo largo de 2020 en este tribunal. Y junto a esta circunstancia, otra situación que se evidencia es que la mayoría de los casos se conocen a iniciativa de las propias víctimas. Ocho de cada diez denuncias las presentan ellas, siendo muy pocas las que salen a la luz al ponerlo de manifiesto personas de su entorno más próximo como son los familiares. Eso sí, avanzado el procedimiento, en la mayoría de los casos por miedo a su agresor, no son pocas las mujeres que se echan atrás y se acogen al derecho a no declarar contra sus parejas o exparejas: durante el año pasado fueron casi 300, el 35% del total.
El 2020, que siempre será recordado como el año en el que irrumpió con toda su fuerza el coronavirus en nuestro país, fue raro en el ámbito de la violencia de género. El juzgado vigués, que siempre suele rondar e incluso superar el millar de denuncias anuales, recibió un 12% menos de procedimientos que el ejercicio anterior. ¿Cuántos? Pues en total se contabilizaron 871 denuncias. La explicación lamentablemente no está en que esta grave problemática haya ido a menos, sino en que muchas víctimas tenían miedo a alertar a la Policía en pleno confinamiento al tener que estar encerradas en casa con sus agresores debido a la pandemia sanitaria. Además, las severas restricciones que hubo para andar por la calle, sobre todo durante los meses del primer estado de alarma, propiciaron una bajada de los tan habituales quebrantamientos de las órdenes de alejamiento.
¿Y cómo llegan las denuncias de violencia machista a la vía judicial? Pues la inmensa mayoría lo hicieron vía atestado policial. Representaron casi el 97% de todos los asuntos: en números absolutos fueron 844. Algo que significa que solo 27, apenas el 3%, se formalizaron directamente en el juzgado por parte de víctimas (5), familiares (18) o a través de partes de lesiones (4). Y no hubo ninguna denuncia que partiese de los servicios de asistencia o de terceras personas en general (otras personas del entorno de la víctima, vecinos, etc.).
Origen de las intervenciones
Una cuestión importante de los casos que llegan al juzgado especializado vigués vía atestado policial es el origen de dichas intervenciones. ¿Quiénes suelen ser los alertantes? La abogada viguesa Ana García Costas, que está en el turno de oficio y que lleva muchas causas de violencia de género, afirma que existen dos vías principales que motivan la actuación de la Policía Nacional, la Guardia Civil o las policías locales. La “mayoritaria”, explica, es la que deriva de la denuncia de la propia víctima. Las estadísticas dan la razón a esta letrada, ya que de esos 844 casos conocidos por la jueza el pasado año a raíz de un parte policial, en 724 hubo denuncia de la mujer agredida física y/o psicológicamente –y en otros 21 de familiares–. “Si la víctima va antes a denunciar a la comisaría, se hace una valoración de riesgo, se pone en marcha el protocolo y por parte de los agentes se realizan todas las gestiones tendentes a la localización y detención del presunto maltratador”, refiere la jurista.
Las estadísticas judiciales arrojan que, junto a las denuncias de las víctimas –y en algunos casos de familiares– que motivaron la inmensa mayoría de los partes de la Policía, hubo también otros 99 casos que derivaron de intervenciones directas policiales. “Por ejemplo, son actuaciones que se precipitan tras la alerta de los vecinos porque escuchan gritos en un domicilio o porque un viandante es testigo de como un hombre agrede a su pareja en plena calle”, agrega. olicía,
A modo de resumen, lo que también se puede interpretar de todas estas cifras es que de una manera u otra, bien sea porque la denuncia llega de forma directa al juzgado o porque deriva de un atestado policial, lo cierto es que los datos de la anualidad de 2020 evidencian que en la gran mayoría de los casos –el 83,7%– la iniciativa de denunciar la tiene la propia víctima. Otro 11’3 % de los procedimientos se abrieron gracias a esas intervenciones policiales directas y solo el 4,5% se incoaron tras recibirse denuncias de los familiares. Menor –0,5%– fue el porcentaje que corresponde a los partes de lesiones que llegan al tribunal especializado.
El derecho a no declarar
Pero aunque es la víctima la principal denunciante de los procedimientos de violencia de género, también es cierto que muchas de ellas, cuando el caso llega a la vía judicial, se acogen a su derecho a no declarar contra su agresor. En numerosas ocasiones, sobre todo cuando la única prueba del maltrato es el testimonio de la mujer, esto puede condicionar el desarrollo de una causa y abocarla a su archivo. Cuestión distinta es si hay testigos de esa violencia y/o existe un parte de lesiones, ya que entonces si se cuenta con pruebas pese a que la perjudicada no quiera testificar ante la magistrada.
En todo caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con esta materia está cambiando. Una sentencia del pasado año 2020 en relación con un allanamiento de morada estableció por ejemplo que la víctima que se haya personado como acusación particular en una causa y después renuncie no pueden acogerse al derecho a no declarar contra su pareja.
La abogada Ana García Costas afirma que también partiendo de la doctrina del Alto Tribunal en el juzgado vigués ha tenido algún caso en que se denegó esta dispensa a una víctima porque ya no tenía una relación sentimental con el acusado. Es decir, eran expareja. Lo que dice concretamente el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con esta cuestión es que “están dispensados de la obligación de declarar” –junto otros supuestos referidos a otro tipo de familiares y a ciertos profesionales– el “cónyuge o persona unida” al procesado “por relación de hecho análoga a la matrimonial”.
“La familia y el entorno deben denunciar más; solo lo suelen hacer cuando ven claro riesgo”
Con amplia y dilatada experiencia como abogada en el ámbito de la violencia de género, Ana García Costas confiesa que a lo largo de su trayectoria profesional solo intervino “en un par de casos” en los que el origen del procedimiento judicial estuvo en la denuncia de los familiares de la víctima. Son supuestos, afirma, del todo excepcionales.
Algo que, opina esta letrada, debería cambiar: “Es importante que cuando se tenga constancia de un caso de malos tratos a una mujer, la familia u otras personas del entorno de la perjudicada lo pongan en conocimiento”. La propia presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, llamó la atención sobre esta cuestión tras conocerse el balance anual de asuntos de violencia machista de 2020: es “importantísima” la “ayuda” que una víctima pueda recibir de las personas de su entorno, “sean familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo”.
García Costas cree que detrás de esta problemática, del peso “mínimo” que tiene el entorno de las víctimas en la interposición de denuncias, está el que mucha gente sigue pensando que es un delito “del ámbito privado”. O el temor de que se estén “entrometiendo” y la mujer se “enfade” . “La familia sí interviene tratando de convencer o de apoyar a la víctima para que de el paso y denuncie, pero raramente toma la iniciativa para hacerlo directamente; y cuando lo hace, generalmente es porque ya hay una situación grave, de claro riesgo”, expone. Frente a esta situación, esta abogada insiste en la importancia de que el entorno también se involucre en las denuncias. Porque muchas veces, concluye, gracias a ello se “salvará” la integridad de las víctimas.
