El Consejo General de Enfermería (CGE) se puso a disposición de la Justicia y del Colegio de Pontevedra (COEPO) para “buscar soluciones que permitan garantizar la estabilidad futura” del mismo. Su secretario ve similitudes entre el entramado en Vigo y el que denunciaron de sus antecesores en el órganos central.
–Las sospechas que dieron pie a la denuncia contra el presidente del COEPO parten de la deuda con el CGE.
–Con el Colegio de Pontevedra, desgraciadamente, llevamos casi dos décadas pleiteando por el abono de las cuotas que son obligación a nivel nacional. Las condenas de los fallos ascienden a 6 millones de euros.
–Aún quedan periodos por los que no han pleiteado. ¿Lo harán?
–Claro, las reclamamos íntegras. Lo que no vamos es a presentar cada mes una demanda. Ese dinero pertenece a los enfermeros a nivel nacional para hacer estrategias en apoyo del desarrollo profesional.
–¿Sabe si estaban pagando las cuotas obligadas por el juez?
–En estas dos últimas gordas, nos contactaron del colegio para ver cómo pagar. Como es una cantidad tan importante, para no poner en peligro al colegio, se estableció un calendario, pero no llegaron a hacer el abono.
–¿Ninguno?
–No, ninguno de las dos sentencias. El último pago que se hizo fue hacia el 2012, 2013. Se abonó deuda pendiente de anteriores sentencias.
–¿Hubo más sentencias?
–Sí, previas a estas hubo más. Con el colegio de Pontevedra ha sido una práctica habitual no pagar las cuotas al consejo, esperar que hubiera una demanda, la sentencia y ya se ponía en marcha el mecanismo para abonar solo lo sentenciado..
–¿Sabe por qué nació el conflicto?
–Es cierto que, sobre todo en la década anterior, hubo algunos colegios que tampoco pagaban la cuota, por decisiones políticas. Pero, hoy, todos regularizaron la deuda y pagan sin ningún problema. Pero Pontevedra no. Pensábamos que ese dinero era para acciones para sus enfermeros.
–¿Nunca sospecharon de una gestión irregular en Pontevedra?
–A ver, pues sí. El hecho de no pagarnos a nosotros era extraño. No es una práctica habitual, pero el CGE interviene un colegio cuando ya hay unas irregularidades denunciadas por los propios colegiados. De hecho, así ha habido diferentes intervenciones, como al de A Coruña, hace un par de años, porque nos lo exigieron desde la propia junta de gobierno. En Pontevedra nunca hemos tenido una denuncia por parte de la junta, que es quien tiene que pedirlo. Sí había llegado alguna queja de colegiados, que no recibían los servicios que esperaban… Hasta el año 2019, existió la asociación de colegios de enfermería de Galicia y le trasladábamos las incidencias. Ahora estamos nosotros como paraguas. El viernes contactamos ya con el colegio y les mostramos nuestra total disposición a ayudar con el objetivo de que siga funcionando con normalidad en beneficio de las enfermeras, es nuestra misión.
–También se ha puesto en entredicho la gestión del anterior presidente del CGE y un juez investiga algunos gastos del actual. Con todas estas noticias, ¿cree que los colegios de Enfermería están perdiendo crédito?
–No nos hace ningún favor. Cuestionan la labor de los colegios profesionales. Si hay algo irregular, esté donde esté, que la Justicia actúe y dirima. Somos totalmente transparentes en la gestión del CGE y estamos a disposición de la Justicia. Llevamos dos años de investigación con el anterior presidente y su hermano, que era el gerente de este Consejo, y todo lo que se ha detectado irregular lo tenemos en los juzgados. No vamos a tolerar que haya algo irregular y no denunciarlo. Es muy duro para la profesión, es triste.
–Presuntamente, también tenía empresas relacionadas con el colegio de las que obtenía de fondos, ¿no?
–Sí,
–¿Era similar a lo que se sospecha en Pontevedra?
–Sí, parecido. Cuando lo hemos leído en la prensa, la similitud entre un caso y otro es bastante grande. Es una trama de sociedades muy extraña en la que el dinero entraba y no se sabía muy bien a dónde iba. La Justicia determinará si ha sido ilícito pero el modus operandi es muy parecido.
–¿Saben si hay más casos ?
–Que conozcamos en el CGE, no, pero no lo descartamos. Porque llevábamos dos años investigando y esto es lento. Hay que tener mucha intención de depurar todo y tienes que encontrar la documentación. Aquí se encargaron de destruir la mayoría. Lo que encontramos es la punta del iceberg. Esperemos que no haya más colegios así, por el bien de la profesión.
–Carlos Fernández llevaba 36 años como presidente ¿Es algo habitual?
–Hay dos etapas: un grupo de presidentes muy antiguo, pero lo habitual ahora es que los que entran incluso modifiquen los estatutos para limitar los mandatos a dos legislaturas.
