En los últimos años, la balanza entre educación pública y concertada en Vigo se ha ido equilibrando pero todavía son cerca de 800 escolares los que las separan. Todo hacía presagiar que la aprobación a finales del año pasado de la nueva ley educativa –conocida como la Ley Celaá–, que recorta ciertas facultades a este modelo subvencionado como la posibilidad de abonar por parte de las familias cuotas para servicios vinculados a la enseñanza u otorga prioridad a la proximidad de residencia en la elección de centro, llevaría a muchas familias a replantearse la continuación de sus hijos en estos centros, optando por CEIP o IES públicos.
Compromiso de las familias
Diez días después de la apertura del periodo de matriculación, que concluye el próximo 22 de marzo, los responsables de estos centros celebran no solo el apoyo recibido de las familias sino su compromiso con los concertados, que rozan ya el 70% de la matrícula disponible para el próximo curso. “Todavía resta una semana, y la verdad es que el ritmo de matriculación en relación a otros años no bajó. Sí les informamos de cómo afectará esta Ley, por supuesto, y los propios padres también nos insisten mucho pero les preocupa más la situación sanitaria que los cambios en la concertada. No están preocupados”, celebra María Luisa Domínguez, directora del CPR Monterrey.
Interés por los cambios
Pareja o casi idéntica situación aprecia Beatriz Tenorio, directora del Colegio Miralba, quien destaca que durante la última fase de tramitación y aprobación de la ley, sí recibieron multitud de llamadas de los padres. “Sí había familias preocupadas, temían no tener plaza en el centro pero a día de hoy la situación se ha normalizado, y estamos con continuas visitas y entrevistas a los padres”, relata la también docente de este CPR vigués.
También incluso un mayor interés por parte de las familias nota Luis Segura, director del Colegio Padre Míguez-Calasancias. “En cuanto a la formalización de la matrícula todavía vamos un poco lentos, también hay mucho margen todavía, pero sí es cierto que hemos tenido muchas visitas y muchas familias se han interesado por nuestro centro”, contempla Segura.
Implantación para el curso 23/24
Si bien la matrícula parece ser ajena a todo el revuelto que generó la Ley Celaá, cómo afectará a las programaciones y funcionamiento de estos centros es todavía una incógnita. Su implantación completa está fijada para el curso 2023/2024, si bien ya empiezan a percibir algunas alteraciones. “A día de hoy estamos recordando a todas las familias que las cuotas son voluntarias, pero los centros tendremos que hacer malabares; el concierto con la Xunta cubre al profesorado, pero si se estropean los ordenadores de un aula, eso debemos pagarlo nosotros como centro”, recuerda Domínguez.
Misma postura maneja Emilio González, del Colegio San José de Cluny. “Las cuotas para los servicios solo las pagan los que quieren comedor o transporte; las aportaciones voluntarias a través de la fundación van aparte y se distribuyen según las necesidades que aprecia el Consejo Escolar; nos reunimos y planteamos los gastos que tenemos en relación a los ingresos por el concierto, subvenciones, etc. Pero siempre son aportaciones voluntarias”, esgrime González.
Ubicación y la actual zonificación
El modelo de educación concertada supone más del 50% de los escolares de la ciudad, pero la ubicación de los colegios, públicos o privados y la actual zonificación escolar marcan la elección de muchas familias. Por ejemplo, el alumnado de Navia tienen que desplazarse a 10 kilómetros para cursar Secundaria. Y esto es por falta de centros públicos. Por contra, la mayoría de los CPR de Vigo cuentan con todas las etapas educativas, por lo que los alumnos cursar desde Infantil hasta 4º de la ESO. Otro ejemplo se encuentra en el centro, donde los concertados tienen una presencia muy superior. José Ángel Cillero, director del Colegio Niño Jesús de Praga todavía no se atreve a hacer una valoración sobre las repercusiones de la nueva ley, pero sí avanza “cambios en los criterios de evaluación”; mientras que su homólogo del Cluny, Emilio González, ya apreció la primera diferenciación. “Cuando se cerró el periodo de adscripciones en los centros públicos, se abrió nuestro periodo de matrícula. Esto generó indecisión en los padres por si luego se quedaban sin plaza en los nuestros”, defiende.
