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Las claves del plan de refuerzo para los sobrecargados juzgados civiles

Foto de archivo de dos funcionarias en un juzgado civil de Vigo

Foto de archivo de dos funcionarias en un juzgado civil de Vigo

Las profesionales en prácticas, que acaban de salir de la Escuela Judicial, realizarán esta labor hasta el 31 de agosto

La litigiosidad en los juzgados de Primera Instancia de Vigo se disparó un 30% en los últimos años. Una sobrecarga de trabajo que tendrá por fin un plan de refuerzo. Dos juezas en prácticas procedentes de la 70 promoción de la Escuela Judicial se acaban de incorporar a estas salas civiles para ayudar a descongestionarlas. En principio, este apoyo se mantendrá hasta el 31 de agosto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) refrendó el plan de actuación que se aprobó en una reciente junta de jueces sectorial de Vigo y que fue elevado por el decano, Germán Serrano. Los magistrados de esta materia, aunque valoran positivamente el nuevo refuerzo, consideran que hay que ir más allá y han reiterado la petición que ya pusieron sobre la mesa hace un año: que se creen dos tribunales más de esta especialidad y, mientras esto no sea posible, que haya una sala de refuerzo completa formada por juez/a, letrado/a de la Administración de Justicia y funcionarios/as, igual que la que funciona en la jurisdicción laboral.

Los 11 juzgados que llevan procedimientos civiles ordinarios en Vigo –otros tres están especializados en Familia y uno más destinado desde 2018 a cláusulas suelo– registraron algo más de 17.000 procedimientos, sumando casos y ejecuciones, a lo largo de 2020. Si se cumpliesen los módulos que aconseja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número no podría superar los 13.200 –1.200 por tribunal–. Un escenario que evidencia que estos tribunales asumieron la friolera de 3.800 asuntos más de lo recomendado.

Las reclamaciones de deudas a través de los procedimientos monitorios están a la cabeza. En 2020 hubo casi 7.000 y muchas de estas demandas las presentan los fondos buitre. Siguen también al alza los pleitos de tarjetas revolving, así como los concursos de acreedores de familias. Y, a raíz del COVID-19, las demandas de desahucio por impago de alquiler necesitan de más tramites judiciales, ya que hay que dar respuesta a las peticiones de suspensión de estos desalojos que se están produciendo en los últimos meses.

El TSXG refrendó el plan de trabajo aprobado en una junta sectorial

La alta litigiosidad se evidenció ya en 2019, motivo por el que hace un año los jueces de Primera Instancia solicitaron ya la creación de dos nuevos juzgados y, en todo caso, que arrancase un plan de refuerzo. Pero esa primera solicitud no tuvo éxito. En marzo de 2020 el TSXG descartaba pedir nuevas salas o medidas de apoyo al considerar que el aumento de la carga de trabajo observado podría ser “puntual”.

El criterio ha empezado a cambiar. Tras mantenerse un año más la saturación de asuntos, las salas civiles de Vigo tendrán un plan de refuerzo que, en principio, se mantendrá desde este marzo y hasta el 31 de agosto. Dos juezas destinadas a la provincia de Pontevedra, que acaban de salir de la Escuela Judicial y que están en su última fase de formación, harán labores de apoyo e irán rotando en los 11 tribunales para ir asumiendo casos de cada uno de ellos.

En la junta de jueces de Primera Instancia donde se aprobó el plan de trabajo –refrendado el pasado viernes por la Sala de Gobierno del TSXG– los magistrados, en todo caso, dejaron claro cuál sigue siendo petición principal: que Vigo cuente con dos juzgados más y, mientras tanto, que se habilite uno de refuerzo con plantilla completa.

La situación

  • Más de 17.000 casos y ejecuciones en 2020

    Los 11 juzgados de Primera Instancia de Vigo que llevan litigios civiles ordinarios registraron 17.000 asuntos y ejecuciones en 2020.

  • Pleitos de fondos buitre y desahucios

    Una clave de la alta litigiosidad son los fondos buitre. También hay demandas de desahucio por impago de alquiler.

  • El volumen de casos se disparó un 30%

    La carga de trabajo en estos tribunales se disparó un 30% desde 2018. Registran 3.800 casos más al año de los que aconseja el CGPJ.

Vigo, fuera de la petición oficial de nuevas salas pese a que el TSXG ve necesaria otra de Primera Instancia

El 31 de marzo arrancará en el edificio de La Gota de Leche el nuevo juzgado de lo Social de Vigo, el número 7. Su creación ya estaba prevista para 2020, pero el Ministerio de Justicia retrasó su puesta en marcha hasta este mes. Y, salvo sorpresa, por ahora la urbe olívica no contará con ninguna otra sala de nueva creación. Porque la Comisión Mixta de Xustiza, formada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Xunta, hizo públicas ayer las tres nuevas unidades judiciales que se solicitarán al ministerio correspondientes a la anualidad de 2021. Y no hay ninguna para Vigo. Las que se pedirán son un juzgado Mercantil para A Coruña (el número 3) y dos plazas de magistrado del orden civil para las audiencias provinciales de Lugo y Ourense.

Esta demanda se hace en base a la comunicación que el Gobierno central remitió a la Xunta, donde se expone que en Galicia se prevé la creación de tres unidades judiciales. Se priorizaron los órganos “que tienen mayor carga de trabajo y cuya pendencia es más elevada”.

En la Sala de Gobierno del TSXG del viernes se trató este tema, considerándose necesarias una serie de unidades entre las que, por orden y tras las elegidas ayer en la Comisión Mixta, se situaban otros dos juzgados en la provincia de A Coruña y un tribunal de Primera Instancia en Vigo. Sin embargo, al no estar en los primeros puestos y salvo cambios de última hora, esta sala deberá esperar al menos hasta 2022.

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