En enero de 2015 todo eran choques de manos y sonrisas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente del Celta, Carlos Mouriño, sellaban un acuerdo para afrontar la remodelación de Balaídos en el que el club se comprometía a aportar dos millones de euros para actuar en la grada de Preferencia, que sería suprimida. Seis años después, los saludos se han tornado en ruido de sables. El divorcio entre ambas partes no cesa, con el proyecto de ciudad deportiva de Mos como telón de fondo, y hoy vive un nuevo episodio en Praza do Rei. El Concello tiene previsto analizar en la junta de gobierno una petición de julio pasado del Celta para que se declare nulo aquel acuerdo de colaboración, al entender que fue el gobierno local el que no se ajustó a sus cláusulas. La respuesta municipal es muy clara y contundente: la petición celeste “carece claramente de fundamento”. Además, el Concello lanza su propio contraataque, en el que requiere al Celta que justifique documentalmente sus “actuaciones y pagos realizados en cumplimiento del convenio”. De no acreditar el uso de esos dos millones comprometidos, se le demandará su entrega al Concello “por equivalencia de las obligaciones asumidas por el club y no cumplidas por este”.
El convenio suscrito en pleno césped de Balaídos en enero de 2015, se basaba en el Plan Director y en el diseño elaborado por el arquitecto vigués Pedro de la Puente. Se centraba en la financiación, calendario y obras de la reforma, programada en sucesivas fases –primero Río y Tribuna y a continuación los fondos: Marcador y Gol– de un recinto de titularidad municipal y en el que el club colaboraba específicamente en financiar con dos millones las obras de Preferencia/Tribuna. Ya había realizado en los meses pasados algunas reparaciones y sustitución de barandillas y asientos.
Obras ejecutadas y previstas
Con Tribuna y Río ya ejecutadas (aunque en esta última se cambiarán los asientos para que sean más cómodos) y la obra de Marcador a punto de comenzar, Celta y Concello protagonizan una nueva batalla en los despachos. El acuerdo que hoy adopta la junta de gobierno establece, según fuentes municipales, que el club de fútbol se sumó “voluntariamente” a aquel convenio, por lo que no podría alegar perjuicios económicos. “Expresó su deseo de colaborar en la ejecución y financiación del Plan Director de Balaídos, dada su condición de entidad altamente beneficiada, como usuario y responsable del mantenimiento del estadio por convenio de 1989, reformulado en varias ocasiones, hasta su versión final de 2009, que fijó el uso del recinto hasta 2034”, recuerdan las fuentes consultadas.
Añaden que el Celta da por finalizada la vigencia del convenio en diciembre de 2017, “pero esos plazos no son para el Concello, sino para el club, que se comprometió, entre otras obligaciones, a contratar, ejecutar y pagar hasta dos millones de euros” en la reforma de las gradas”. En su día la entidad celeste presentó un proyecto para Preferencia –espacio que sería eliminado para acercar a la afición al campo– valorado en 914.000 euros, “pero tenía que presentar una memoria de cada actuación realizada y el coste, los certificados de obra, resultados de ensayos de carga” y otra documentación, que el Concello dice no poseer y que es la que ahora reclama a la entidad deportiva. Al margen de esos 914.000 euros, se emplearon al menos 200.000 más en gastos “de barandillas y asientos”, pero no hay justificación concreta y, además, Praza do Rei dice que tampoco sabe qué pasó con los más de 700.000 euros restantes, hasta los dos millones comprometidos.
En la reunión municipal de hoy, de entrada, se inadmite la petición de nulidad del Celta y se le requiere la justificación documental. Además, se le otorga la posibilidad de formular alegaciones. Transcurridos esos trámites, llegará el momento de exigir los dos millones citados y las explicaciones del club no convencen a Praza do Rei.
El debate sobre las expropiaciones para paliar inundaciones en el Lagares
La Xunta tiene sobre la mesa un proyecto de 6,8 millones para acometer diversas actuaciones en el Lagares –desde ensanches del cauce hasta creación de zonas de inundación– destinadas a paliar las crecidas del río y evitar los daños que generan. Para su ejecución es necesario expropiar un buen número de fincas y terrenos colindantes que el Concello cifra en 7,8 millones de euros, un millón más que las propias obras. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, envió hace unos días una carta al alcalde, Abel Caballero, en la que otorga un mes de plazo al gobierno local para aceptar ese proyecto, que deja en manos municipales la adquisición del suelo. No ha sido necesario esperar un mes. Ayer mismo, Caballero ofreció su respuesta; otra carta, firmada esta vez por la concejala de Urbanismo, María José Caride, en la que se devuelve la petición y se insta a Augas de Galicia a asumir directamente esas expropiaciones “porque las actuaciones en el río son de su competencia”.
Visita al río
Caballero, junto con Caride y Nuria Rodríguez edil de Medio Ambiente, visitó ayer los trabajos del Concello en limpieza del cauce fluvial, una labor a la que destina 112.000 euros “que debería hacer la Xunta, pero no la hace; lo primero es tener el río limpio”. “Hace 14 años había cientos de vertidos al río; ahora, si aparece alguno, se investiga y se sanciona al responsable”, subrayó ayer el regidor. La primera fase del plan autonómico en el Lagares se centra en el entorno del polígono de O Caramuxo, con 1,6 millones de inversión de la Xunta y “cinco millones de expropiación que encargan al Concello”, denuncia Caballero, que además duda de que las obras se realicen “antes de tres o cuatro años”. Por ello, la carta de respuesta a la conselleira Ethel Vázquez emplaza a la Xunta a asumir las expropiaciones y las obras en O Caramuxo.
