Una vez constatado que no se produjeron víctimas personales en el desplome parcial registrado el pasado jueves en el edificio de Areal 34, comienza la “batalla” administrativa entre las partes implicadas. De entrada, el Concello ha decretado que se adopten de forma inmediata las medidas de seguridad oportunas, en especial la demolición total del inmueble, para la que existe licencia desde hace más de siete meses. Además, se ha abierto un expediente de disciplina urbanística para aclarar qué tipos de permisos pudiera tener el gimnasio anexo –los cascotes cayeron sobre una pista de pádel de esas instalaciones– ya que en el Concello no consta ninguna autorización.

En este laberinto administrativo también están implicados la Dirección Xeral de Patrimonio, puesto que el inmueble cuenta con protección ambiental, y la vía judicial, con una sentencia de hace apenas diez días que da la razón al Concello en un pleito con la propiedad sobre la inclusión o no del edificio en el programa de edificación forzosa.

La concejala de Urbanismo, María José Caride, ofreció ayer, con mucho detalle, la postura municipal en todo este asunto. Según sus datos, el Concello concedió la licencia de demolición a los propietarios en julio de 2020, cuando recibieron la autorización de Patrimonio tras ocho años de trámite con la Xunta, ya que el edificio está catalogado y tiene un nivel de protección ambiental por lo que cualquier intervención requiere un informe favorable de ese departamento. En ese momento, la propiedad presentó diferentes proyectos a Patrimonio para llevar a cabo la demolición pero el permiso autonómico no llegó hasta 2020.

Añadió Caride que el gobierno municipal otorgó entonces la licencia para demoler el edificio pero no llegó a realizarse, por lo que el Concello ya podría actuar de forma subsidiaria. Esta “pasividad”, que extendió a Patrimonio, se decidió incorporó el inmueble en el primer programa de construcción forzosa de Vigo, medida recurrida por la propiedad y cuya sentencia llegó el 28 de enero de 2021 “informando que existen razones fundadas” para esa incorporación.

Así, la concejala de Urbanismo apunta que “el inmueble debe desarrollar este derribo de inmediato y si no actúa ejecutaremos la acción subsidiaria y la incorporaremos de forma extraordinaria en el programa. Si cumple con sus obligaciones, obviamente, continuaremos el proceso de rehabilitación de un edificio protegido ”.

Además, la concejala explicó que el Concello ha abierto un expediente disciplinario para determinar qué tipo de autorización se ejercen en las instalaciones deportivas colindantes, ya que no consta permiso municipal. Las restricciones del COVID mantienen cerrado ese gimnasio.