Las nuevas restricciones por la crisis sanitaria del COVID traen de cabeza, una vez más, a los abogados laboralistas y gestores administrativos de Vigo y su área. El avance de los días con su consiguiente incremento en los positivos tras la vuelta de la Navidad está pasando factura. Esta expansión descontrolada del coronavirus hizo que la ciudad pasase a engrosar la lista de municipios con las medidas más duras desde comienzos de la semana pasada. Una situación que, como está siendo ya habitual, afecta en buena medida a los sectores económicos ya de por sí más golpeados por la crisis sanitaria, como es el caso de la hostelería, obligada a atender solo en terrazas. Esta situación, unida a la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, están produciendo un atasco en los despachos que tramitan o asesoran a las empresas y trabajadores. “Esto cada vez es peor”, relatan desde las gestorías.
Los efectos de la pandemia trajeron consigo una serie de medidas de protección para empresas y trabajadores a cargo del Gobierno, que si bien son ya de sobra conocidas chocan en muchos casos con las restricciones impuestas en las comunidades y municipios, que dificultan la actividad de algunos sectores y siembran la incertidumbre entre los empresarios. “Ahora más que un trabajo de tramitación lo que requieren es asesoramiento”, explica el abogado Alberto Rocha, de Proactive & Proasa, que reconoce que “hay un volumen importante de trabajo”.
Lo mismo opinan desde las gestorías, uno de los sectores que ya desde marzo del año pasado viene alertando de la desmesurada carga de trabajo que sufren ante los requerimientos, tramitaciones y dudas de sus clientes. “Llevamos así los últimos 10 meses, porque cuando creemos que las cosas pueden repuntar volvemos a lo mismo y cada vez con medidas distintas”, lamenta la presidenta del colegio de gestores gallegos, Pilar Otero. Si bien estas oficinas han demostrado su capacidad de trabajo, como “un puente” entre los ciudadanos y una administración sin casi atención presencial, la realidad es que “no hay un día tranquilo”. Y más aún en enero, un mes ya de por sí fuerte para las gestorías al coincidir con el último trimestre de impuestos.
Otero recuerda que “las empresas cada vez se resienten más” ante el avance de la pandemia y el desgaste que les está provocando. Algo en lo que coincide Rocha. “La alternativa del concurso está ya muy presente, porque se acerca el momento de devolver préstamos ICO, que en muchos casos les sirvió para llegar hasta aquí”, comenta el abogado. En su caso están detectando casos de firmas “que saben que no van a poder recuperar el volumen de trabajo” previo a la crisis y que, por lo tanto, “no van a poder cumplir con el mantenimiento del empleo durante los seis meses” que obligan los ERTE.
Vanesa Rodríguez, del despacho olívico On Tax & Legal, también opina que las restricciones y “los continuos cambios en las directrices del Gobierno” generan una “incertidumbre constante” entre las empresas. “Las posiciona en una situación de caos organizativo, sin capacidad para tomar decisiones ni realizar previsiones, ni a largo ni a corto plazo”, apunta. La abogada, no obstante, estima que “la gran preocupación es la situación del personal” ante la prórroga de los ERTE y la incertidumbre que esto provoca, lo que hace que la coyuntura “siga siendo alarmante” al agravarse “con cada medida restrictiva, tanto de movilidad como horaria”. Más allá de todo esto, Rodríguez entiende que hay una “inseguridad jurídica” con la prohibición del despido “hasta que nuestro Alto Tribunal establezca un criterio claro y unificado”. “La previsión para los próximos meses es desoladora”, vaticina.
Espada de Damocles
Estas situaciones a las que hacen referencia los abogados preocupan también a la patronal. El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, defiende que, si bien los ERTE se demostraron como “una herramienta de flexibilidad para la defensa del puesto de trabajo”, se están convirtiendo ahora en una “espada de Damocles” para las compañías por la prohibición del despido para esos seis meses. Sobre todo, para las empresas pequeñas. “Las grandes ya han preparado o están preparando sus propios planes”, comenta el patrón de la CEP, que cree que el motivo de la avalancha de expedientes y trámites actual se localiza más en la renovación de los ERTE que acaban el 31 de enero y en aquellas empresas a las que no les ha ido bien la campaña de Navidad, como el pequeño comercio, la hostelería o el ocio.
