Las limitaciones de movilidad, toque de queda, restricciones horarias... Toda normativa relativa al COVID motivó un despliegue policial sin precedentes en el municipio vigués para garantizar el cumplimiento de las medidas. Este elevado número de controles organizados por la Policía no solo cazó a desobedientes frente al virus, si no también a fugados de la justicia, personas sobre las que pesa una reclamación judicial bien por no haberse presentado a una vista, bien por no cumplir con una sentencia.
Las cifras se han disparado con respecto a años anteriores, concretamente duplicado: la Policía Nacional detuvo a lo largo del 2020 a un total de 420 personas, casi una diaria –de media– por tener alguna cuenta pendiente con la justicia.
En la mayoría de los casos, según precisan fuentes de la comisaría, estos requisitoriados tenían condenas en firme –que no tienen que porqué ser necesariamente penas de prisión, si no el pago de multas o realización de trabajos en beneficio de la comunidad–. Otros motivos que condicionan estos arrestos son la personación para juicios, testificar en una causa o como investigado en diligencias policiales. o declinar las notificaciones judiciales .
Según confirman fuentes policiales, los controles rutinarios practicados en puntos estratégicos de la ciudad se llevan la palma en cuanto a la localización de estos reclamados judiciales. A consecuencia del COVID, estos dispositivos se han duplicado, identificando a un mayor número de conductores y con ello, de potenciales requisitoriados; pero no son los únicos.
Las vigilancias en patrullas por las calles de la ciudad o incluso las intervenciones, preferentemente en operativos antidroga, también destaparon buena parte de los casos. Así lo aprecian estas mismas fuentes policiales. “Se realizan controles de vigilancia antirrobo por ejemplo, pues se identifica a un número mayor de personas y por correlación se descubre a más personas con alguna de estas reclamaciones. El trabajo policial a iniciativa propia se ha incrementado mucho en el último año, lo que favoreció estos datos”, esgrimen desde las dependencias de López Mora.
También de los controles en zonas susceptibles de trapicheos de droga se obtuvieron resultados. “En muchas de estas ocasiones son los vecinos los que nos alertan de estos intercambios y es muy frecuente que los agentes identifiquen, y detengan, a personas ya con varios antecedentes y sobre los que pesan otras condenas por cumplir”, amplían. A mayores, durante los tres meses de cuarentena también se identificó a alto número de transeúntes, lo que favoreció a la detención de estos requisitoriados judiciales. Los agentes además de requerir la documentación de los interceptados para contrastarlos en una gran base de datos a nivel nacional, también realiza una exhaustiva revisión a los vehículos.
Varios arrestos
Por ejemplo, el último día del año, se produjo la identificación de tres ciudadanos buscados por distintas reclamaciones judiciales de los juzgados españoles, procediendo a su detención. Otro caso llamativo fue el del arresto, en julio de 2020, de un varón de 36 años sobre el que pesaban hasta 4 requisitorias por robos con fuerzas. Las pesquisas de los agentes lo situaban en un edificio de calle Laxe, fue a la salida cuando, con mascarilla y la cabeza tapada por un gorro, salió del domicilio e inmediatamente fue detenido.
Atendiendo a la circunstancia o motivo de la requisitoria, el protocolo a seguir por parte de la Policía Nacionales muy diferente. Una vez los agentes comprueban que sobre la persona identificada existe una orden judicial de presentación, se ponen en contacto con la sala instructora que dictó la reclamación. Si el propio juzgado considera urgente su presentación para la instrucción de la causa, la policía lo traslada a dependencias judiciales.
Por la contra, si el juicio para el que estaba señalado se ha retrasado y el juzgado así lo ordena, se le pone en libertad y se le concede una nueva citación. En el caso de los reclamados que cuentan con una orden de ingreso en prisión, se persona en los juzgados y desde los calabozos es la Guardia Civil la encargada de su posterior traslado al penal de A Lama.
