Un atasco que persiste. Los juzgados de Primera Instancia de Vigo vieron en 2019 como su actividad se disparaba un 30%. Y esas mismas cifras altas se han mantenido durante 2020. “Estamos hasta arriba de trabajo”, describen. Y no les falta razón. Porque durante el año que acaba de finalizar registraron algo más de 17.000 procedimientos, sumando asuntos y ejecuciones. Si se cumpliesen los módulos que aconseja el Consejo General del Poder Judicial, el número no podría superar los 13.200 –1.200 por tribunal–. Esto evidencia que estos tribunales asumieron 3.800 casos más de lo recomendado. Un exceso que con los datos que hay ahora sobre la mesa avalaría que la ciudad dispusiese de los dos juzgados más que ya fueron solicitados por unanimidad por los magistrados hace casi un año. Una petición que entonces no tuvo el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) porque estimó que el incremento de litigiosidad podría ser “puntual”.
¿A qué se debe tanta litigiosidad civil? Los principales culpables son los fondos buitre, que están haciendo uso en masa de los denominados procedimientos monitorios. En 2020 se registraron la friolera de 6.916 asuntos de esta índole: aumentaron un 52% en dos años. Y es que estas sociedades extranjeras dedicadas a comprar deuda para después reclamarla en vía judicial no dan tregua. “Están reactivando pleitos antiquísimos; las personas a las que les llegan las reclamaciones vienen desesperadas; no entienden que pasados tantos años les estén pidiendo el dinero”, afirma el letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial) de uno de estos juzgados, que añade que de la mano de este fenómeno se están disparando también los embargos de cuentas bancarias, de devoluciones tributarias...
A la gran cantidad de demandas de esta materia se une, dicen en otra sala, que estos créditos se están vendiendo continuamente, pasando de unas sociedades a otras. “Hay un proceso de venta sucesiva que a nosotros nos genera muchísimo trabajo”, explican. Porque cada vez que la deuda cambia de manos, cambian también el abogado y el procurador que lleva el litigio y, junto a otros trámites, el juzgado debe acreditar que la compra se realizó bien. Además, hay que tener en cuenta otra cuestión relacionada con estos litigios impulsados por las sociedades extranjeras: la revisión de oficio por parte del juez ante la posible existencia de cláusulas abusivas.
Junto a los de fondos buitre siguen al alza los asuntos de tarjetas revolving y micropréstamos, un tipo de crédito rápido que se consigue a través de internet. “Prestan cantidades muy pequeñas con unos intereses muy elevados”, cuentan en un juzgado. Lo ejemplifican con un caso real: el de un préstamo de 50 euros con un desorbitado TAE del 3.305,29%. Y en estos juzgados también están viendo como empiezan a aumentar las demandas de caseros por impago de alquiler. “Hay una tendencia al alza clarísima”, observan sobre los desahucios.
Dado este escenario, estos juzgados registraron en 2020 un total de 14.164 asuntos y 2.915 ejecuciones. En total, 17.079 procedimientos, muy por encima de lo aconsejado. A día de hoy son 11 los tribunales de Primera Instancia que tramitan estos casos ordinarios: las otras salas son las especializadas en Familia y hay una más, la número 14, que está destinada temporalmente a resolver demandas de cláusulas suelo y a otros pleitos hipotecarios.
Pues esos 11 juzgados registraron el año pasado una media cada uno de 1.552 asuntos y ejecuciones. La cifra no debería exceder de 1.200. Con estos datos, Vigo necesitaría tres juzgados civiles más que en realidad son dos ya que en algún momento la sala 14 volverá a tramitar casos ordinarios.
