Los matrimonios han resistido en el año de la pandemia. Igual que ocurre con otros períodos temporales en los que los miembros de una pareja acostumbran a pasar más tiempo juntos, como las vacaciones de verano o las navideñas, una idea que se extendió durante esta época de coronavirus es que el confinamiento domiciliario dispararía los divorcios. Pero eso no ha ocurrido. Al menos en Vigo. Los juzgados de Familia registraron en 2020 un total de 952 demandas por rupturas de matrimonios o de parejas de hecho. Una cifra prácticamente idéntica –incluso algo inferior– a la de 2019. “¿Más separaciones por el encierro domiciliario? Es una leyenda urbana”, coinciden varios abogados. Lo que sí perciben los letrados es que el COVID-19 disparó los conflictos relacionados con los hijos menores, fundamentalmente por la cuestión del régimen de visitas. También aumentan las consultas de padres en ERTE o con dificultades económicas que buscan rebajar la pensión de alimentos que deben pagar cada mes a los niños.
“Quienes se divorcian en la nueva normalidad ya arrastraban los problemas desde antes de que irrumpiese el coronavirus”, afirma Isabel Olcina, abogada especializada en materia matrimonial. Entre los casos que lleva no hay ninguno de parejas que hayan decidido romper a causa de la pandemia. “Lo que sí puede ocurrir es que el conflicto se agrave durante esta época, porque el encierro hace que los problemas estén más presentes, pero eso ya es una cuestión distinta”, dice. Lo mismo opinan otras letradas, como Paula Álvarez o la decana de los abogados vigueses Lourdes Carballo. “En los últimos meses no noté un mayor número de separaciones; es verdad que siempre tras el verano o tras otros períodos vacacionales se habla de que aumentan las demandas de divorcio, pero en todo caso son rupturas que se acabarían produciendo igual hubiese o no unas vacaciones de por medio”, puntualiza Carballo.
Lo cierto es que el balance de 2020 de los tres juzgados de Familia evidencia que, frente a lo que se pronosticaba, las rupturas no se dispararon. Ni siquiera aumentaron de forma leve. Hubo 651 separaciones y divorcios, demandas a las que hay que sumar otros 301 procedimientos de parejas de hecho que finalizaron su relación y acudieron a la vía judicial para fijar las medidas sobre los hijos menores de edad. En total, 952 rupturas frente a las 957 de 2019. Un 0,5% menos.
Lo que sí provocó la pandemia ha sido un aumento de conflictividad entre los excónyuges en relación con los hijos menores. Fundamentalmente por las visitas. “Casos en los que se piden compensaciones por no haber estado el tiempo que le correspondía con su hijo durante el confinamiento domiciliario, problemas como que una madre no quiera que el niño esté con su padre porque éste acaba de pasar el coronavirus y teme que aún pueda contagiar, o conflictos sobre quién se queda con el menor cuando hay una cuarentena por un caso de COVID en el colegio”, resume Isabel Olcina.
En ocasiones, explica Paula Álvarez, no queda más remedio que acudir a la vía judicial para solventar los problemas que surgen entre los progenitores. “Generalmente son parejas que ya tenían problemas antes del coronavirus”, afirma la letrada.
Consultas
Debido a la pandemia también crecen las consultas de padres que quieren rebajar la pensión alimenticia para sus hijos por estar afectados por la crisis económica causada por el virus. “Pensiones que se está fijando ahora ya se están poniendo más bajas; la situación económica es la que es”, dice Álvarez.
Cuando el problema es temporal –por ejemplo por un ERTE– y hay voluntad de entendimiento por parte de la expareja, estos casos de pensiones –o los de visitas– se pueden resolver con acuerdos extrajudiciales en los despachos de abogados. “Es algo que no sale en las estadísticas judiciales pero que se está haciendo; la negociación es muy importante en materia matrimonial”, concluye Lourdes Carballo.
La Audiencia eleva la pensión que debe pagar un padre a sus hijas universitarias
La pensión de alimentos es una de las cuestiones que se fijan de forma expresa en un convenio de divorcio cuando hay unhijo menor de por medio. Y cuando el chaval alcanza la mayoría de edad, el progenitor no custodio –generalmente el padre– debe seguir abonando dicha cuantía hasta que el joven tenga ingresos propios. Una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Pontevedra aborda una interesante cuestión en relación con un caso del área de Vigo, la de la mensualidad que tiene que abonar un divorciado a sus dos hijas universitarias. Los magistrados revocan en parte el fallo dictado en primera instancia y elevan la cantidad que el padre debe pagar a las jóvenes, que estudian fuera y tienen gastos de alquiler: valoran el “esfuerzo académico” plenamente satisfactorio de las estudiantes que las hace merecedoras de sendas becas y agregan además que la “situación económica” del progenitor permite subir la mensualidad. El juzgado de Primera Instancia estableció una pensión de alimentos de 150 euros para cada hija. La Audiencia sube la cuantía hasta los 200 euros. “La elevación en 50 euros a cada una [de las jóvenes] no se nos presenta como exagerada o de imposible satisfacción, sino adecuada a las mayores necesidades de los hijos que se hallan estudiando fuera de casa”, se indica en la sentencia. Una de las jóvenes está en Santiago de Compostela y su hermana en otra comunidad autónoma.
Herencia
El padre se había opuesto a que se incrementase la pensión alegando que carecía de ingresos –dijo que solo trabaja fines de semana puntuales como camarero– y que dada su edad y dependencia es muy complicado que se pueda incorporar al mercado laboral. Pero la sala tiene en cuenta la herencia que recibió de su abuela, por la que cuenta con patrimonio y con más de 34.000 euros en su cuenta bancaria. “Aún cuando se trata de hijas mayores de edad”, argumentan los magistrados, la elevación de la pensión de alimentos “se halla justificada habida cuenta del patrimonio que en la actualidad le pertenece [al progenitor]”. Lo que denegó el tribunal fue declarar gastos extraordinarios ciertas cuestiones académicas –matrícula, material o residencia– para el caso de que las jóvenes dejasen de percibir la beca de estudios.
La pandemia, una coletilla que empieza a constar de forma expresa en los convenios
Hay un documento clave tras una ruptura. El convenio que recoge las cuestiones relativas al hijo o hijos menores de la expareja: ahí consta la atribución de la guarda y custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos o los gastos extraordinarios, entre otras cuestiones. Muchos abogados abogan por concretar lo máximo posible las condiciones para que no haya problemas entre los excónyuges a la hora de llevar a la práctica lo que se recoge en dicha resolución. Pues el coronavirus también se está colando en estos convenios. “En los que se están haciendo ahora yo ya hago constar una coletilla relacionada con la pandemia”, dice la letrada Isabel Olcina. Concretamente, a la hora de establecer por ejemplo las condiciones de unas visitas, se agrega que ese régimen es el vigente siempre que no surja una normativa de ámbito estatal o autonómico por el COVID-19 que aconseje realizarlo de otra manera. “Como prevención y para tratar de evitar problemas entre los progenitores si decretan otro confinamiento” , resume la abogada.
