La empresa Aqualia seguirá cinco años más, hasta finales de 2025, como concesionaria del servicio de agua y abastecimiento de la ciudad. El gobierno local acordó ayer la segunda prórroga de este contrato con el argumento de que “existen incertidumbres e indefiniciones” en proyectos clave para este servicio, en especial el futuro de la potabilizadora de O Casal, o la explotación de las presas de Eiras y Zamáns, de las que se abastece la ciudad.

Esta prórroga se suma a la decidida en junio pasado, también por cinco años, con Vitrasa, si bien en este caso se situó al COVID como principal razón, ya que un concurso en plena pandemia de un servicio como el de autobuses, con un uso reducido, podría quedar desierto.

En el caso del agua, el Concello hace referencia a los dos años de estudios técnicos previos y recuerda que algunas de las actuaciones precisas dependen de la Xunta, de ahí que se hable de “incertidumbres”. En todo caso, el gobierno local deja dos cosas claras tras el acuerdo de ayer. Por un lado, esta ampliación del contrato “no implicará incremento de tarifa a los usuarios”, y por otro, Aqualia debe invertir 40.471.411 euros a cambio de estos cinco años más, una inversión que “significará una nueva dinamización económica” y que se centra, en especial, en la modernización de la planta de potabilización de O Casal. Al respecto, desde hace tiempo, la Xunta y el Concello tienen en marcha un estudio para decidir qué hacer con esta estación, que todos coinciden en que está obsoleta. Se estima que serían necesarios al menos 20 millones de euros para modernizarla y está en discusión cómo se financia. Augas de Galicia emplaza al Concello a solicitar fondos europeos del programa de reconstrucción Next Generation.

Por su parte, el Concello explica, tras la prórroga de ayer, que “es preciso un incremento del abastecimiento en el área de Vigo y para ello es necesaria una ampliación y modernización de la potabilizadora”, sin descartar el uso de los citados fondos europeos “para el marco temporal de corto plazo (2021-2023), ante la “falta de materialización de compromisos de financiación por parte de la administración autonómica”. Sea como sea, se insiste en la necesidad de esa actuación, que “se debe acometer sin interrumpir el funcionamiento de la planta y garantizando la calidad del agua, una actividad altamente compleja que aconseja que sea afrontada por un único agente”, es decir Aqualia y sus “treinta años de experiencia en la gestión” de ese recinto.

El contrato actualmente vigente entró en vigor el 1 de enero de 1991. Fue otorgado por 25 años con posibilidad de prórrogas de cinco años hasta un máximo de otros 25. La primera prórroga se acordó en 2011.

Entre las inversiones previstas, el Concello destaca la modernización de la planta de O Casal , “principal depuradora de agua potable de Vigo y que abastece también a los municipios de Cangas, Moaña, Redondela y Mos (un total del 14,25% de su volumen) sin que Augas de Galicia tenga previsto otros recursos alternativos para cubrir las necesidades de estos municipios”.

El Concello de Vigo subraya que “la Xunta se ha desentendido recientemente de realizar ninguna aportación económica y remite al Concello a la vía de los fondos europeos de reconstrucción sin comprometer un euro de los fondos autonómicos. Si finalmente la modernización de la potabilizadora de O Casal es susceptible de recursos europeos la empresa concesionaria acometerá otras inversiones indicadas por la administración local. En cualquier caso para emprender la modernización de la planta de tratamiento de agua se considera óptima para utilizar los conocimientos anteriores”.

Este asunto forma parte de las conversaciones entre ambas partes, con la implicación de la Confederación Hidrográfica del Miño, ya que una de las opciones sobre la mesa es un trasvase desde ese río, descartado ya hacerlo desde el Verdugo, como sí prefiere el Concello.

Esta opción, que se consideraba urgente en la sequía de 2017 y tramitó Augas de Galicia a toda velocidad, quedó en un cajón poco después con el argumento de que el Verdugo carece de caudal suficiente.

Otro asunto pendiente, según el Concello, es la explotación de las presas de Eiras (en litigio entre el Concello y la Xunta) y de Zamáns, donde “están pendientes desde junio de 2020 los planes de emergencia y las normas de explotación por parte de la Xunta”.

PP: “El agua es cara y el servicio, deficiente”

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar, e incluso reprochan al alcalde que no informara de la prórroga en el pleno de ayer, celebrado antes de la junta de gobierno. El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, lamentó que el Concello “deje la ciudad condenada a pagar un agua cara” y a contar con “un servicio deficiente” y critica que la decisión no se anunciase con anterioridad. Marnotes reprocha que, tras prorrogar la concesión del transporte urbano se haya actuado del mismo modo con la del saneamiento y el abastecimiento del agua. “¿Qué le pasa al alcalde de Vigo con las concesionarias del Ayuntamiento?”, se ha preguntado. “Siempre que tiene oportunidad hace lo que ellas quieren. Si quiere una prórroga se la da, no una vez, sino dos. Si quiere una indemnización, se la da”, denuncia Marnotes.

Marea de Vigo: “¿Quien paga la ampliación?”

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha criticado que las inversiones “valgan para justificar el cambio tarifario” y la ampliación del contrato. “¿Quién lo paga? ¿Lo pagamos los vecinos a través del recibo o lo paga Aqualia en base al plan de inversiones de su ampliación?”, se pregunta.

BNG: “Queremos un modelo de gestión pública”

Xabier Pérez Igrexas, concejal del BNG, critica que esta prórroga, o la de Vitrasa “beneficia a estas empresas privadas y dificulta la necesaria remunicipalización de ambos servicios”, porque “nosotros queremos un nuevo modelo de gestión pública del agua para Vigo”.