Hubo que esperar más de treinta años para que Justicia reforzase la jurisdicción Social en Vigo con la creación en 2019 de su sexto juzgado y ahora, con el séptimo ya concedido, vuelve a demorar su puesta en marcha sine die. El nuevo órgano especializado en materia laboral no arrancará a finales de 2020 como estaba previsto inicialmente ni como lo harán un total de trece juzgados de nueva creación en otras comunidades para hacer frente a los litigios generados por la crisis económica del COVID-19.

En el BOE de este pasado miércoles, se publica el Real Decreto 1050/2020, del 1 de diciembre, por el que se crean 33 tribunales “con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis”. Estas nuevas unidades pueden dedicarse “todas o algunas de ellas con carácter exclusivo” al conocimiento de casos asociados al COVID-19.

Así, en una primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo. La segunda fase, se iniciará el 1 de enero de 2021, y “se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar”. Tanto el Juzgado nº 7 de lo Social de Vigo, como otros dos en Galicia, entrarían en esta segunda fase ya que su funcionamiento queda a expensas del Ministro de Justicia. El alcalde vigués Abel Caballero celebró la inclusión de Vigo en estas 33 nuevas dotaciones, si bien todavía no tenga fecha de inicio.

Y es precisamente esta falta de calendario lo que motivó que la Sala de Gobierno del TSXG reunida en una sesión extraordinaria, manifestase su “grave preocupación” por la “indefinición” de la entrada en vigor de estos nuevos órganos. El Alto Tribunal gallego considera “prioritaria” su puesta en marcha “teniendo en cuenta las cargas de trabajo que soportan Vigo, A Coruña y Lugo, y el gasto que suponen los refuerzos actualmente existentes”.

Este argumento lo avalan, en el caso del partido vigués, los datos del primer semestre del año, donde a pesar de estar paralizada la justicia casi tres meses a consecuencia del Estado de Alarma, el número de entrada de procedimientos alcanzó prácticamente el mismo registro que en 2019.