Las áreas metropolitanas, y concretamente su financiación, serán objeto de una reflexionada sentencia. La dictará el Tribunal Supremo que, a raíz de un caso centrado en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), sentará jurisprudencia sobre un tributo no exento de polémica que se cobra a los ciudadanos de los municipios agrupados en el ente catalán para sufragar principalmente la prestación de los servicios de transporte público. El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso sobre esta cuestión por entender que “presenta interés casacional”. Y, sobre todo, porque el gravamen ya no solo afecta a las “millones de personas” que residen en Barcelona y localidades colindantes, sino que “el análisis de las vicisitudes” de este tributo puede “proyectarse” en otras áreas, citando expresamente a modo de ejemplo la de Madrid o la de Vigo.

El Área Metropolitana de Vigo ha tenido sus propias vicisitudes judiciales y recientemente un magistrado anuló su puesta en funcionamiento. Pero esta es otra historia. El asunto que ha llegado ahora al Supremo no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión que afecta al ente supramunicipal de Barcelona: concretamente al tributo metropolitano que se cobra allí, un impuesto que se presenta en forma de recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como vía de financiación para los servicios que presta, como el transporte público. Y que desató una revuelta vecinal en localidades del entorno de la capital, al no estar equilibrada en estos municipios la oferta de transportes y otras prestaciones con la de Barcelona y sus poblaciones más próximas.

¿Es justo que los habitantes de un municipio con menos servicios paguen lo mismo que los de otros con prestaciones más avanzadas? Este es el quid de la cuestión. Lo que suscitó que tal controversia llegase al Supremo fue la decisión del AMB de excluir del pago a casi una veintena de municipios “en tanto no dispongan de un nivel de transporte público colectivo de pasajeros” análogo al de los demás.

El Supremo concreta en su auto que el tema que presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia, y sobre el que decidirá en sentencia, es el siguiente: “Determinar si un área metropolitana como la de Barcelona puede excluir, siquiera transitoriamente, del ámbito de aplicación territorial del recargo aprobado por dicho ente sobre el IBI a una serie de municipios del área porque en ellos no se presta el servicio de forma análoga o asimilable a como en el resto de municipios, en los que sí se exigiría el citado recargo”.

El Tribunal Supremo ve trascendente esta cuestión. Porque podría afectar a otros entes supramunicipales similares. Y cita a modo de ejemplo los de Vigo y Madrid. “Las áreas metropolitanas existentes en España tienen competencias en varios ámbitos, pero desarrollan un papel esencial en lo que se refiere al transporte público colectivo, ya sea de superficie o subterráneo”, argumenta la sala en su resolución. Esto, prosiguen los magistrados, “hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho”. Máxime hablando de una ordenanza fiscal como la que centra este litigio, que, concluyen, “tiene una proyección, actual y potencial, notable”.