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Procesan por secuestro, agresión sexual, tortura y amenazas a la mujer que explotó a sus asistentas

La jueza concluye la investigación con un total de siete víctimas | Afronta penas que pueden alcanzar los treinta años de prisión

La investigada, tras su paso a disposición judicial en octubre del año pasado

La investigada, tras su paso a disposición judicial en octubre del año pasado Marta G. Brea

La denuncia por vejaciones interpuesta por una empleada de hogar ha derivado, tras más de un año de pesquisas, en toda una trama familiar de explotación y trata de mujeres. El Juzgado de Instrucción 7 de Vigo dio por finalizada la investigación y la pasada semana emitió un auto de conclusión de la causa en la que atribuye a la acusada, una mujer de origen panameño pero afincada en Vigo de 46 años y con una niña menor de edad, media docena de delitos de naturaleza sexual contra un total de siete víctimas, siete empleadas de hogar a las que supuestamente obligaba a trabajar en ropa interior, sometiéndolas a exploraciones vaginales –tal y como ellas habrían declarado en sala– u otros abusos e incluso grabándolas con cámaras que tenían colocadas en la vivienda.

Los delitos que el juzgado le atribuye a la investigada son agresión sexual, detención ilegal, torturas, amenazas e ilícitos contra los derechos de los trabajadores. Las penas que afronta la mujer podrían superar los 30 años de prisión.

Precisamente es en el penal de A Lama donde la encausada se encuentra desde el pasado mes de octubre de 2019 cuando fue detenida por la Policía Nacional. A pesar de reiterar en varias ocasiones su puesta en libertad provisional, la sala instructora desestimó sus pretensiones aduciendo a la “especial vulnerabilidad” de las víctimas y a la posibilidad de contacto con ella o presión por su parte, lo que generaría en las afectadas “secuelas psicológicas evidentes”.

La investigada había argumentado, tal y como obra en los autos de la causa, que se encontraba ante una situación de “temor y riesgo por su vida que supuestamente vivía respecto de su pareja”, con el que residía en un piso arrendado en Castrelos y que falleció el día de los arrestos tras precipitarse por la ventana en pleno registro.

Hechos

La minuciosa investigación llevada a cabo por el juzgado y los efectivos policiales destapó un total de siete mujeres, la mayoría originarias de Nicaragua y Guatemala, que acabarían trabajando como empleadas de hogar en el domicilio familiar y cuidar de la niña de 5 años del matrimonio. Fue precisamente una de ellas, bajo el temor de terminar convirtiéndose en su esclava sexual, la que interpuso una denuncia tras veinte días en el piso de Castrelos.

El matrimonio se aprovechó de la vulnerabilidad y falta de recursos de las víctimas

En sus declaraciones judiciales, las víctimas coincidieron al afirmar que encontraron sendos anuncios a través de internet con la oferta de un puesto de empleada del hogar. Lo que no se podían imaginar era lo que les exigiría aquel hombre, marido de la actual investigada. Tras hacerse pasar por “médico” o “enfermero” , les hizo pasar una “exploración vaginal”, según el testimonio prestado por varias de ellas en sede judicial.

La investigada estaba –al parecer– presente en esos “reconocimientos” que en realidad constituían episodios de abusos, llegando en alguna ocasión la actual investigada a quedarse en ropa interior. Las fuentes consultadas señalaban entonces que el matrimonio se aprovechó de la vulnerabilidad y falta de recursos de las víctimas, que estaban en un país distinto al suyo, engañándolas con promesas del tipo de que con ese trabajo de asistenta podrían conseguir los papeles para legalizar su situación en España, o con otras como que las ayudarían a adquirir una vivienda o a traer a familiares desde sus lugares de origen. Tras la terrible situación que vivieron en la vivienda, ninguna se quedó a trabajar allí.

Tras este auto de fin de investigación, la causa será remitida a la Audiencia para su juicio previa presentación de sendos escritos de acusación por parte de la Fiscalía y defensa por parte de la encausada.

La pareja de la investigada se suicidó en pleno registro

Aunque esta mujer sea la única acusada en este procedimiento, no sería solo ella la que supuestamente participaría de estos delitos. Conocedor de la situación era también su marido, un hombre de 35 años que falleció arrojándose por la ventana desde un noveno piso tras ser detenido por la Policía y en pleno registro domiciliario por la comisión judicial, en Castrelos. El arresto se produjo en la tarde del 18 de octubre de 2019. A continuación, los agentes subieron al domicilio con la pareja para registrar su vivienda. Cuando pasaban de una habitación a otra, el hombre vio una ventana abierta y se lanzó de forma sorpresiva, aún esposado. El hombre resultó herido de gravedad y a pesar de los intentos por salvar su vida, falleció.

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