El próximo 11 de diciembre es la fecha marcada en la agenda judicial para proceder al desahucio de las ocho familias de etnia gitana asentadas en el poblado chabolista del polígono de O Caramuxo, en Navia (Vigo). Este desalojo será la fase final de un largo litigio en el que un Juzgado de Primera Instancia de la ciudad olívica, el número 13, dio la razón a la empresa promotora con sede en Asturias que compró los terrenos con la intención de levantar allí un gran complejo comercial e industrial. Tras adquirir firmeza la sentencia, por medio de una diligencia de ordenación se acaba de informar del día y la hora en que se llevará a cabo el lanzamiento de los ocupantes de las ocho chabolas.
“Nos quedamos en la calle a las puertas de las navidades y en la situación sanitaria tan delicada en la que nos encontramos, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus”, afirma una joven residente en el poblado, que concreta que los miembros más veteranos de esta zona de chabolas, como su suegra, llevan viviendo allí desde hace tres décadas. Concretamente, son 11 adultos y 11 niños: “El más pequeño tiene 4 años y la persona de más edad, 70”.
Ayudas
“No queremos que nadie nos regale nada; solo que nos ayuden a alquilar una vivienda digna, que podamos ir pagando mes a mes, ya que a nosotros, al no tener nóminas ni contratos de trabajo, no nos las alquilan”, indica esta joven que prefiere mantener su identidad en el anonimato. La mayoría solo perciben la RISGA. “Estuve llamando a muchos pisos, pero en esta situación no nos los quieren alquilar; yo por ejemplo trabajé hasta hace poco, pero son empleos temporales”, explica. Afirma que ayer mismo la llamaron desde el Concello de Vigo. “Quiero darles un voto de confianza, a ver si nos pueden ayudar”, implora.
En la sentencia del juzgado civil que declaró el desahucio por precario de las ocho familias se indicaba que, una vez el fallo fuese firme, se debía remitir un oficio a la Consellería de Política Social de la Xunta a los efectos de que se adoptasen las “medidas oportunas” ante la “posible existencia de una situación de vulnerabilidad” en la que pudiesen encontrarse los demandados.
La magistrada dio la razón a la empresa que pleiteó contra estas familias al constar su “legitimación” como propietaria de los terrenos y carecer los chabolistas de títulos que “amparen” o “justifiquen” su permanencia en dicha finca.
