Un jurado popular juzgará la próxima semana en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Álvaro C.C., acusado de aceptar como soborno los servicios sexuales de dos prostitutas, que supuestamente abonó un empresario.
El fiscal pide para Álvaro C.C. un año de cárcel y para el empresario Enrique A.P., considerado el cerebro de la llamada 'Operación Patos', una macrocausa sobre una supuesta trama de corrupción desgajada en diferentes piezas, nueve años de prisión. La vista oral está previsto que se desarrolle a lo largo de cuatro jornadas, de lunes a jueves.
La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que Álvaro C., jefe del área de servicios generales (Fomento) del Ayuntamiento de Vigo, mantuvo relaciones sexuales con dos prostitutas en junio de 2013 y febrero de 2014, en el primer caso en un motel.
Ambas citas, sostiene el representante del ministerio público, fueron concertadas y abonadas por Enrique A.P. "en atención al cargo que desempeña en la administración municipal" Álvaro C.
Unos hechos que califica como constitutivos de un delito continuado de soborno por el que, además de la pena de cárcel, pide para el funcionario la suspensión de empleo y cargo público durante tres años, y al empresario, la inhabilitación especial para toda actividad relacionada con la construcción o contratación pública.
En la pieza principal de la Operación Patos, que dirime supuestas irregularidades en concursos de diferentes administraciones públicas gallegas, llegaron a estar investigadas más de treinta personas, entre ellas un nutrido grupo de cargos políticos.
Esa cifra inicial fue rebajada por la jueza instructora a trece personas, entre quienes figura el expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial Rafael Louzán, que se ha sentado precisamente hoy en el banquillo de los acusados junto a la delegada de la Xunta en Vigo, Luisa Piñeiro por unas obras en un campo de fútbol en Moraña.
