Ramón Pérez Amoedo forma parte del equipo legal que representa a la familia de Déborah Fernández-Cervera. Cumplido un año tras la reapertura judicial del caso de la desaparición y muerte de esta joven viguesa, el abogado hace balance y clama para que se “agoten” todos los medios de investigación “que la ley permita” para avanzar en su resolución. “La familia de Déborah, sus amigos y la sociedad en general lo necesitan; se necesita más esfuerzo y continuidad en la instrucción judicial; sería un fracaso que se volviese a archivar este asunto por falta de interés”, resume. El caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui siempre ha tenido un principal sospechoso policial, pero, hasta el momento, nadie adquirió la condición de investigado en sede judicial. Ayer comparecieron por segunda vez dos testigos que habrían vuelto a incurrir en contradicciones.
– La nueva instrucción judicial del caso Déborah acaba de cumplir un año. ¿Qué balance hace?
– Tras la reapertura la sensación inicial fue buena. Pero, avanzados los meses, creo que ha existido poca valentía por parte del juzgado y del fiscal para avanzar más. Hay atestados policiales que son concluyentes y, en base a ello, deberían haberse hecho más diligencias que las permitidas hasta ahora. Nos llama la atención la reiterada petición de denegación de pruebas por parte de la Fiscalía, como tomas de declaraciones y careos que hemos solicitado de forma reiterada, cuando precisamente un juzgado de Instrucción debe practicar todos los medios de prueba posibles. Se nos deniegan interrogatorios con el argumento de que esas personas ya declararon en comisaría, lo cual no tiene lógica. Y el Covid no es justificación para que la causa esté ralentizada desde febrero. Hay que tomar conciencia de que el caso de Déborah no es un caso más: es el caso de la muerte de una joven que permanece sin resolver desde hace 18 años.
– Junto a familiares de Déborah han declarado otros testigos, del entorno del que ha sido el sospechoso policial. ¿Los testimonios de estos últimos son reveladores?
– A mi juicio sí. Lo que se evidencia, si lo unimos a anteriores declaraciones que constan en el sumario de otras etapas, es que no hay ni una sola declaración coincidente. Y entre ellos ahora se vuelven a contradecir. Y el paso del tiempo no es disculpa. Es normal no recordar muchas cosas. Pero si de ciertas cuestiones sí das datos muy concretos y cada uno declara una cosa distinta... Es evidente que hay gente que está mintiendo.
– En esta nueva fase también se están haciendo pruebas de ADN.
– Si lo que se busca son coincidencias de ADN con el semen hallado en la vagina de Déborah, creo que se está perdiendo el tiempo. Quienes vimos la causa entendemos que ese semen fue introducido para despistar. Se siguen haciendo pruebas de ADN y por el momento el resultado ha sido negativo. En lo que sí tengo confianza es en el estudio de tres discos duros del ordenador de Déborah. Creo que de ese análisis sí se podrán sacar datos para la causa. Y estamos pendientes de que el Imelga nos aporte información sobre el cadáver, para saber si sería viable una exhumación de cara a comprobar si del mismo se puede extraer ADN.
– Han solicitado a la jueza comparecencias de testigos que han sido denegadas y acaban recurrir dicha decisión ante la Audiencia de Pontevedra. ¿Pidieron también alguna imputación?
–Sí, de varias personas. Una como presunto autor y las otras como supuestos encubridores o colaboradores en los hechos subsiguientes a la muerte de Déborah. Pero el juzgado las ha rechazado.
“Dos forenses están revisando la autopsia para intentar descartar la muerte súbita”
– Junto a la instrucción judicial, la familia y ustedes han emprendido de forma paralela su propia investigación con la colaboración de un criminólogo y de peritos informáticos.
– Efectivamente. Y ahora dos médicos forenses que son ajenos a la causa se encargarán asimismo de estudiar los informes forenses y patológicos que hay en la causa. Para nosotros es importante desde un punto de vista jurídico excluir como causa del fallecimiento la muerte súbita, porque no hay ni un solo indicio que apunte a ello. Estamos convencidos de que la muerte fue por sofocación. Que se trata de un homicidio o un asesinato.
–En la fase actual, alcanzado ya un año de pesquisas judiciales y estando más cerca 2022, cuando el caso prescribiría, ¿qué pide como abogado?
– Lo que queremos es que se agoten todos los medios de investigación que la ley permita. No estamos solicitando pruebas imposibles ni absurdas. Lo que no se puede es dejar de practicar ciertas diligencias porque pueda parecer difícil lograr resultados. Eso no me vale, pero nos encontramos con que ese es el pensamiento que existe para no realizarlas. Así que pedimos que se investigue, que se haga todo lo que se pueda hacer y que haya más esfuerzo y continuidad en la instrucción.
