La inmensa mayoría de las empresas que entraron en concurso de acreedores desde que en 2009 se puso en marcha el Juzgado de lo Mercantil de Vigo acabaron desapareciendo. Aunque el espíritu con el que nació este instrumento legal fue el de poner sobre la mesa los mecanismos para ayudar a que las sociedades puedan superar una situación económica crítica, lo cierto es que, salvo excepciones, está ocurriendo todo lo contrario. Una de estas contadas excepciones la protagonizó recientemente el Real Club Náutico, que en septiembre consiguió salir del concurso al que se había visto abocado en 2016 y arrancar una nueva e ilusionante etapa. Y es que solo el emblemático club y otras 19 empresas se encuentran en la actualidad en la que se denomina fase de convenio: tras lograr salir airosas, están cumpliendo o a punto de empezar el plan de pagos a sus acreedores que les permite sanearse y continuar con su actividad. Son pocas pero, por el momento, y ese es el dato positivo, todas están cumpliendo.
El Juzgado de lo Mercantil de Vigo arrancó el 30 de diciembre de 2009, en plena crisis económica. Desde esa fecha hasta la actualidad registró 638 concursos de acreedores. El año más duro fue 2012, cuando por primera y única vez por el momento se superó la cifra del centenar de empresas que se vieron abocadas a acudir a esta fórmula judicial. La mayoría de estas sociedades acabaron entrando en fase de liquidación y, por tanto, desapareciendo. “La Ley Concursal nació para intentar aportar soluciones a la situación de insolvencia, pero la realidad es muy distinta, porque la mayoría no logran superar la crisis”, confirman fuentes judiciales. Como ejemplo, los datos de este mismo 2020. En lo que va de año hubo 38 peticiones: el juzgado declaró por el momento en concurso a 15 de estas empresas y, salvo una, el resto está ya en liquidación.
Para evitar la fase de liquidación hay que conseguir firmar un convenio con los acreedores. Y si después se saldan las deudas se habrá logrado el objetivo y la empresa sobrevivirá. A día de hoy el juzgado vigués tiene a 20 empresas en la denominada fase de convenio. Algunas desde hace casi una década, como es el caso de una chatarrería, y otras que no tanto, pero que también llevan un buen puñado de años cumpliendo el plan de pagos al que se comprometieron para abonar lo que adeudan. Las hay de los más diversos sectores: del ámbito náutico, del de los transportes, de la hostelería o del inmobiliario. Durante esta fase de convenio la empresa vuelve a ser la que era, al cesar el administrador concursal. Eso sí, debe rendir cuentas al juzgado cada seis meses y cumplir los pagos a los que se comprometió. Porque si no lo hace y algún acreedor por ejemplo lo pone en conocimiento del tribunal, la buena marcha de la sociedad podría llegar a su fin y aparecer el fantasma de la liquidación.
En la actualidad, debido al Covid-19, hay una moratoria por la que, con vigencia hasta el 31 de diciembre, cualquier empresa deudora en estado de insolvencia no está obligada a solicitar la declaración de concurso, ni se admitirán a trámite las peticiones que lleguen por parte de los acreedores. Pero, ¿qué ocurrirá a partir de 2021? La previsión es que la crisis económica ocasionada por el coronavirus dispare de nuevo, como ocurrió en 2008, los procesos concursales.
“El gran problema es que se acude tarde a este mecanismo”
El abogado Tomás Santodomingo ha sido administrador concursal en una veintena de concursos de acreedores. El del Club Náutico es uno de ellos. Tras un sinfín de negociaciones, la entidad ha logrado superar la difícil situación. Este letrado vigués intervino asimismo en el concurso de un hotel de cuatro estrellas de Lalín que también salió airoso, en este caso no por la vía del convenio, sino a través de la transmisión de la unidad productiva: con socios nuevos y manteniéndose la inversión económica que estaba prevista, el establecimiento pudo continuar con su actividad y los empleados conservaron sus puestos de trabajo. ¿Por qué tantas empresas acaban en liquidación? A juicio de Santodomingo, el gran problema es que la mayoría tardan demasiado en pedir la declaración del concurso. Lo hacen, afirma, cuando la situación ya es ya crítica. “El concurso de acreedores –y los instrumentos legales previos– puede ser una solución muy viable para una empresa, para reorganizar el pasivo, mantener a la plantilla de trabajadores y, en definitiva, dar de nuevo viabilidad a la actividad. Pero se presentan muy tarde, en un momento en el que muchas veces es prácticamente imposible esquivar la liquidación”, explica. El letrado también cree que hay que cambiar la “mentalidad general” para que los concursos se conviertan realmente en instrumentos para “salvar empresas” y se evite en la medida de lo posible la liquidación.
