Una compleja investigación que ha acabado archivada. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal, ha decretado el sobreseimiento provisional de una causa abierta en 2017 en la que junto a delitos contra la Hacienda Pública, se investigaba una presunta trama de emisión y recepción de facturas falsas cuyo importe global superaba los cinco millones de euros. Junto a un aserradero en la actualidad ya liquidado a raíz de entrar en concurso de acreedores, en el procedimiento se investigaba a 19 empresarios y autónomos madereros de distintos puntos de Galicia que acaban de quedar libres de cargos. Frente a las tesis acusatorias de la Fiscalía y la Agencia Tributaria, el juez no aprecia indicios ni de fraude fiscal ni de facturas mendaces.
Gran parte de la investigación giró en torno al aserradero, sobre el que las acusaciones sostenían que en 2014 se habría valido de facturas falsas recibidas por parte de dos proveedores para “reducir ilícitamente” las cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades: consideraban que dichos recibos no acreditaban “el origen de la madera” y que los empresarios que los emitieron carecían de “medios técnicos” para realizar los trabajos reflejados.
Pero, frente a lo expuesto por el fiscal y el abogado del Estado en representación de Hacienda, el juez llega a otra conclusión muy distinta. Y es que, a su juicio, hay “indicios suficientes” que permiten determinar “la realidad” de las operaciones cuestionadas. Los testigos, concreta, corroboraron “la realidad de las ventas de madera sin correlativa emisión de factura dada la singularidad de este negocio en la compra de dicho material a particulares”. Los administradores concursales del aserradero, prosigue, verificaron “la existencia de madera” en dicha empresa. Y los peritos judiciales, finaliza, concluyeron que “no existe dato económico alguno concluyente” que permita afirmar que las facturas sean falsas.
Entramado
El Ministerio Fiscal también defendía la existencia de “una trama de facturación falsa”, ya sin delitos fiscales asociados, en la que imputaba al resto de empresarios y autónomos de esta causa. Tampoco esta acusación, basada en la presunta emisión de recibos mendaces que habrían sumado 5,5 millones de euros, ha prosperado. El juez indica que el informe de la Inspección de Tributos que sustenta la denuncia del fiscal se articula “en meras suposiciones, opiniones y afirmaciones subjetivas y sin sustento probatorio alguno”.
Y, agrega, “ninguna prueba adicional se ha hecho para justificar indiciariamente su acusación”, como sería, ejemplifica, que se hubiese demostrado que los proveedores “no tenían trabajadores a su servicio” o que carecían de “locales” o de “medios de transporte” para su actividad de la madera.
Por último, el juez cita la doctrina de la “teoría del conocimiento” aplicada en casos similares por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que fue alegada por varios de los investigados en la presente causa. Una doctrina según la cual no puede exigirse al empresario adquiriente de bienes o servicios verificaciones “que no le incumben”, como el analizar con qué medios materiales o humanos cuenta su proveedor. Y que el magistrado ve aplicable a este procedimiento, ya que no se aportaron indicios de que los receptores de las facturas conociesen de posibles irregularidades: “Todos ellos recibieron la madera y pagaron el precio pactado. Eso no se discute, lo que se cuestiona es el origen de la madera, y se pretende exigir a todos los receptores que acrediten la perfecta trazabilidad de la madera desde su origen, y ello va en contra de la ley y de la doctrina del TJUE”.
El auto no es firme y, de hecho, el abogado del Estado ya presentó recurso, que deberá resolver la Audiencia Provincial de Pontevedra.
