Entrar a formar parte del cuerpo de bomberos de Vigo siendo mujer es un objetivo arduo. Casi imposible. Es una realidad que no solo transparenta la relación de efectivos que componen el servicio actualmente, todo hombres, sino también la exigencia de una de las pruebas de aptitud física que deben superar en la oposición. Ha sido el entrenador de atletismo Óscar Fernández quien, fijándose en las tablas publicadas por el Boletín Oficial de la Provincia, advirtió esta injusticia en los 400 metros lisos.
“Existe una desproporción evidente”, asegura. Para comprobarlo, ha recurrido a la tabla de marcas de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, en sus siglas en inglés), que recoge una puntuación para cada tiempo. “En la oposición, ellas logran 10 puntos –el máximo– si completan los 400 metros en 1 minuto y 2 segundos; con esa marca, dan 755 puntos en la tabla de la IAAF. Si los hombres quieren obtener 10 puntos, deben recorrer los 400 metros en 55 segundos, registro que equivale a 563 puntos, casi 200 menos. Está claro que es mucho más sencilla para ellos que para ellas”, anota.
Además de los 400 metros lisos, las personas que aspiran a formar parte del cuerpo de bomberos de Vigo deben superar pruebas de resistencia –2.000 metros–, natación y cuerda, entre otras, así como un examen escrito. Esta oposición es la primera que recoge marcas para hombres y mujeres. En las anteriores, se aplicaba una devaluación del 15% a ellas con respecto a ellos para calcular las puntuaciones. Con su convocatoria, el Concello pretende cubrir las plazas vacantes de las jubilaciones de 2017, 2018 y 2019: cinco de sargento/a de extinción de incendios –en turno de promoción interna– 15 de bombero/a –12 en turno libre; tres en turno de promoción interna– y cuatro de conductor/a bombero/a –en turno libre–. El plazo de presentación de instancias se cerró el 6 de octubre. FARO consiguió ponerse en contacto con una de las aspirantes, pero ha preferido no comentar nada.
“Son necesarias”
Miguel Uclés, bombero en Vigo desde hace 26 años, tiene claro que las mujeres “son necesarias” en el cuerpo. Como delegado de la CIG, presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia y miembro de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, denuncia que las pruebas las piensan “hombres para hombres”. “Se han decidido por parte de la Jefatura de Servicio sin tener en cuenta las alternativas planteadas: que las pruebas físicas fuesen más asumibles y existiera un periodo de formación con el objetivo de lograr que entrasen de forma más inmediata nuevos efectivos y pudieran incorporarse mujeres”, argumenta.
Uclés subraya la falta de una norma concreta que regule la manera de acceder al cuerpo. “Se siguen sistemas antiguos, como ocurre en Vigo. Es por eso que las bases tienen una visión masculina y atlética. La función de bombero siempre se ha visto desde una posición de fuerza bruta, pero esta necesidad ha mudado gracias a la incorporación de la tecnología y a la coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, comenta, a la vez que pone el acento en la importancia de resolver este tipo de cuestiones en una “mesa de estudio a nivel estatal” que sirva para determinar las pruebas teniendo en cuenta lo que pueden aportar las mujeres. “Estamos perdiendo un gran valor. En nuestra ciudad, tan solo hay dos mujeres en la estructura: una en administración y otra en el servicio de limpieza, pero ni una sola como bombera. La profesión, al igual que la sociedad, no se entiende sin ellas. No hay forma de justificar que no sean necesarias”, asevera antes de recordar la “falta de efectivos” en el cuerpo de la urbe. “Es un problema muy serio”, zanja.
"La función de bombero siempre se ha visto desde una posición de fuerza bruta, pero esta necesidad ha mudado gracias a la incorporación de la tecnología"
Según las previsiones que calcula Uclés, las personas aspirantes a las plazas reflejadas en la oposición “podrían estar trabajando, en el mejor de los casos, a finales de 2021”. “Todos esos puestos deberían haber sido cubiertos hace cuatro años. Un servicio público esencial no puede mantenerse a base de esclavizar a sus trabajadores”, añade.
